La madres de bebés nacidos por gestación subrogada acusan al Gobierno de hacer «campaña electoral»

Así lo pone de manifiesto, después de que el Ministerio de Justicia haya solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias intermediarias de gestación subrogada que operan en España, y de que la institución, encabezada por María José Segarra, haya encargado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue las presuntas actividades delictivas de una empresa que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España.

Para esta madre, «después de lo que ha ocurrido con el último acto de investidura fallido de Pedro Sánchez, ellos mismos tienen asumido que vamos a ir a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre». «Creo que están empezando su campaña electoral», sostiene.

«¿De verdad que en este país esta es la principal prioridad que tenemos? Con los casos de corrupción que están prescribiendo, incluidos los ERE de Andalucía, ¿a eso se tienen que dedicar los fiscales?», cuestiona Rocío, para después añadir que, a su juicio, es «una pérdida de recursos». Desde su punto de vista, el Gobierno de Sánchez utiliza a los medios de comunicación «para hacer sus campañas electorales».

Asimismo, Rocío asegura que si alguna agencia intermediaria realiza alguna irregularidad ella será la primera que lo denuncie y ha señalado que la asociación Son Nuestros Hijos fue la primera «en denunciar, hace unos meses, a una agencia».

De este modo, esta madre ha afirmado que, en su caso, no ha sufrido «ningún tipo» de mala praxis o irregularidad y ha explicado que las agencias intermediarias actúan como «asesores» y después la persona decide con qué clínica en Ucrania firma el contrato.

«Me cuesta ver la ilegalidad porque es una agencia de asesoramiento y todos los contratos que nosotros firmamos --los padres-- se hacen ante notario con una clínica basada en Ucrania», ha aclarado Rocío, para zanjar: «Todo esto me parece humo. Sencillamente creo que están empezando su campaña electoral para el mes de noviembre».

Ana también es madre de un bebé nacido en Ucrania por gestación subrogada y denuncia, en una entrevista concedida a Europa Press, que la iniciativa del Ministerio de Justicia es «un ataque más a la gestación subrogada». «Están intentando hacer algo partidista. Intentan, primero, contentar o ganarse a Podemos para ver si pueden tener gobierno y, si no lo consiguen, hay un campaña electoral latente», apostilla esta madre.

De esta forma, Ana matiza que se va a investigar a una agencia que se cree que puede haber cometido un delito y subraya que «el resto» de estas empresas no lo están haciendo. «No es lo mismo decir que todos los vascos son unos terroristas, a decir que hay un número mínimo de vascos que han sido terroristas», explica.

En relación con su experiencia con la agencia intermediadora, Ana asegura que ha sido «maravillosa» porque le ha ayudado y ha colaborado «en todo lo posible», tanto en España como en Ucrania. «Facilidades, por todos lados nos han dado», concluye.

Por su parte, Ili, que acaba de llegar a España con su bebé, señala a Europa Press que la labor de las agencias es «meramente de asesoría» e indica que esta actividad «no está prohibida». «Pueden investigar por su puesto, es totalmente lícito, pero ¿desde que perspectiva? Si la intermediación y asesoramiento no está prohibido en España, poco más va a poder hacer la Fiscalía al respecto», apostilla.

Esta madre hace hincapié en que «todas las familias formadas por gestación subrogada» condenan las malas praxis pero insiste en que la labor de las agencias es de asesoría y acompañamiento porque «para la parte médica de esta técnica de reproducción asistida ya existe personal médico cualificado en los países reguladores», así como para la parte jurídica existen equipos legales.

«Este tema es una cortina de humo, una vez más, desde Justicia para evadir precisamente lo que tienen que hacer que es dar la inscripción los niños nacidos por gestación subrogada y hacer cumplir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», concluye Ili.