La Fiscalía investiga la falsificación de pruebas biológicas en los vientres de alquiler ucranianos

Siempre de acuerdo con las investigaciones emprendidas por el ministerio de Delgado, que está especialmente concernida en este asunto, la supuesta falsificación de pruebas biológicas se vendría realizando desde antes de verano de 2018. Fue entonces cuando el consulado de Kiev, por orden de los nuevos responsables diplomáticos del recién llegado Gobierno socialista, comenzó a denegar las inscripciones de bebés nacidos de madres ucranianas si los futuros padres españoles no presentaban resoluciones judiciales de tribunales locales certificando que los recién nacidos eran efectivamente sus hijos.

Los delitos que el Ministerio de Justicia, indiciariamente, imputa a los responsables de la esta firma ucraniana son tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según tipificación del Código Penal ucraniano. El departamento que dirige Delgado insiste en existe «la posibilidad de que en esos terceros países (en referencia a Ucrania) se vulneren los derechos de las mujeres gestantes» y que incluso se haga pasar por hijos «a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas».

Según ha explicado la Fiscalía General en un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente para investigar si los servicios prestados por dicha empresa son constitutivos de delitos, «aun cuando parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España», como establecen los artículos 23 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá diligencias de investigación para valorar los hechos denunciados y estudiará si la documentación aportada hasta el momento es suficiente para ver si existen indicios de delito o es necesario recabar más pruebas, como puede ser documentación, informes periciales, declaraciones de testigos.

Si finalmente, el Ministerio Público considera que la empresa denunciada ha podido incurrir en alguna conducta delictiva, mandará el caso a un juzgado para que se judicialice y comience a investigar los hechos. En caso contrario, procederá al archivo de las diligencias.

La denuncia de la ministra de Justicia en funciones hace referencia a una empresa que presuntamente realizaría servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España y que se ofertaban en una página web, según apostilla la Fiscalía en su nota de prensa.

Todo ello, ha resultado de la investigación que está en trámite en Ucrania, donde, a diferencia de España, la gestación subrogada es legal.

Hasta el momento, estos hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania, por lo que la Fiscalía advierte que «los indicios existentes están aún en fase embrionaria».

En declaraciones a Efe, la titular de Justicia, Dolores Delgado, detalló que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, «no a todas», aunque no precisó cuantas.

Además de lucrarse, recalcó Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

«Es un tema muy, muy grave», enfatizó la ministra, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y estén «traficando con menores».