Juana Rivas pide el indulto total al Gobierno central

En primer lugar, según el letrado, Rivas carece de antecedentes penales (ni anteriores ni posteriores a los hechos por los que ha sido condenada) y el móvil por el que cometió el delito de sustracción de menores por el que ha sido condenada «es comprensible desde el punto de vista humano», puesto que «solo pretendía proteger a sus hijos». Para ello, los trajo España lejos de su progenitor, Francesco Arcuri, con el que los niños viven actualmente en Carloforte, al sur de Italia, tras obtener este la custodia exclusiva de ambos.

La granadina «tiene domicilio estable y dispone de una fuerte red de apoyo familiar y social», explica su defensa en un comunicado remitido a los medios, en el que hace referencia a su condición de «víctima de violencia de género» por la condena firme de su expareja en el año 2009 por maltrato. En este punto, el abogado resalta que la mujer recibió «la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena, localidad en la que es querida y valorada por sus vecinos».

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Aránguez pone de relieve que «más de 400.000 personas y 54 entidades de diferentes ámbitos han mostrado su apoyo a esta petición de indulto» y desvela que la madre de Maracena ha recabado a través de una campaña solidaria fondos suficientes para satisfacer la responsabilidad civil de 12.000 euros que debe abonar a su expareja. Esa cantidad, añade la nota, ha sido ya puesta a disposición de la acusación particular en el procedimiento. La acusación particular la ejerce el padre de los menores, que está representado por el abogado Enrique Zambrano.

Junto a ello, la defensa de Rivas recalca que la justicia italiana «continúa investigando» las denuncias formuladas por supuesta violencia familiar, así como existe un procedimiento civil sobre la custodia de los hijos actualmente en curso, «en el que se está realizando una nueva prueba pericial sobre los menores». Arcuri siempre ha negado ser un maltratador.

La petición de indulto había sido ya anunciada por el abogado de la granadina, tras estimar en parte el alto tribunal su recurso y rebajarle la pena impuesta a la mitad al apreciar un solo delito de sustracción de menores y no dos.