El Supremo rebaja a la mitad la condena de prisión de Juana Rivas

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que cambió con la llegada al Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, rebaja la pena de cinco años que le impusieron a la vecina de Maracena los tribunales inferiores a dos años y medio de cárcel. La razón es que el alto tribunal considera que, aunque fueron dos los menores sustraídos, Rivas cometió un único delito y no dos de dos años y medio cada uno.

El pleno de la sala, con el respaldo de 13 de sus 16 magistrados, dice que el delito del que se ocupa el artículo 225 bis del Código Penal pretende evitar que se quiebre el derecho de custodia del progenitor instituido por el juez. Que ninguno de los padres pueda llevarse sin consentimiento al menor de su casa habitual o lo retenga ignorando las obligaciones de custodia o el régimen de visitas. Así, con independencia de los hijos implicados en la sustracción, solo habrá un delito y no, como ahora interpreta la mayoría de tribunales, uno por cada niño. Eso sí, el Supremo añade que no pretende que la gravedad del delito y el grado de aflicción del progenitor sea igual si le sustraen un hijo que varios, pero aclara que para eso está la horquilla de penas, que puede ir de los dos a los cuatro años de cárcel.

Con la rebaja de la pena, Juana Rivas es posible que no pueda eludir la cárcel –por ser aún así superior a dos años–, pero sí que quedaría en situación muy favorable para lograr en poco tiempo su semilibertad, con la clasificación en tercer grado penitenciario. Será el juzgado de lo Penal de Granada que la condenó el que, en los próximos días, decidirá sobre su encarcelamiento, tras oír al fiscal, a la defensa y a la acusación. Esta decisión podría retrasarse si Rivas presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pida la suspensión cautelar de la ejecución de la condena. También cabe la posibilidad de que esquive la entrada en prisión si recibe un indulto, algo que nunca ha descartado el Gobierno.

El cambio de doctrina del Supremo no fue suscrito por tres de los miembros del pleno, que firmaron un voto particular contrario. Consideran que el derecho que preserva el artículo 225 bis es la relación parental de cada uno de los menores, por lo que mantienen que debe haber tantos delitos de sustracción de menores como hijos retenidos.

La resolución del alto tribunal rebaja la pena, pero no toca el resto del fallo, por lo que Rivas está inhabilitada por seis años para ejercer la patria potestad, debe pagar 12.000 euros a su exmarido, y tiene que hacerse cargo de la mitad de las costas.

Lo que tampoco toca son los hechos probados. Rivas, que se había llevado en mayo de 2016 a los dos niños de Carloforte –el pueblo italiano en que el matrimonio regentaba una pensión–, para trasladarlos a ver a su familia en Granada, acusó después a Arcuri de malos tratos reiterados, se negó a devolverle a los pequeños, e incluso desapareció durante un mes (del 26 de julio al 28 de agosto) cuando la justicia española, rechazando sus argumentos, emitió un ultimátum para que realizase la entrega al padre de inmediato.

El 'caso Juana Rivas' se convirtió en un auténtico fenómeno popular y mediático el verano de 2017. Al tiempo que la policía trataba de dar con el paradero de la madre y los niños, especialmente en Andalucía, una campaña de solidaridad, bajo el lema 'Juana está en mi casa', logró decenas de miles de adhesiones, incluida la de la entonces presidenta socialista andaluza, Susana Díaz, y la indirecta del presidente popular del Gobierno, Mariano Rajoy, que, con Rivas y sus hijos aún en rebeldía judicial, declaró: «Hay que entender a una madre».