La Fiscalía pide siete años para La Manada por el abuso de Pozoblanco

Según el relato dado por válido por la Fiscalía, que no pide la prisión preventiva para los encausados, la noche del 1 de mayo de 2016 tanto Cabezuelo como Jesús Escudero, José Ángel Prenda y Antonio Guerrero acudieron a la feria de la localidad cordobesa de Torrecampo (Córdoba), donde coincidieron en una de las casetas con la joven, que se había desplazado también desde Pozoblanco en compañía de otros amigos. Todos ellos «consumieron diversas bebidas alcohólicas» y la joven llegó a tomar alguna consumición con Cabezuelo. Sobre las 7:15 horas de la mañana, el joven se ofreció a llevar a la chica a su domicilio de Pozoblanco en el vehículo en que habían llegado los cuatro miembros de La Manada.

Ya en el interior del vehículo, la chica se sentó en el asiento trasero entre Cabezuelo y Escudero, mientras Guerrero conducía y El Prenda ocupaba el asiento del copiloto. «Debido, probablemente a la cantidad de alcohol ingerida -señala el escrito- sin que haya podido determinarse, si además de ello, tomó de forma deliberada o sin saberlo, alguna otra sustancia estupefaciente, la chica cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo ocurrido en el trayecto del vehículo». El ministerio público considera que todos ellos «aprovechan que la joven se hallaba privada de sentido, y con ánimo libidinoso, [para comenzar] a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual, incluido el conductor». Así, y conforme a las imágenes que grabaron, los acusados le toquetearon el pecho por fuera y dentro de la ropa, y uno de ellos llega a darle varios besos en la boca.

Una vez en Pozoblanco, tres de los acusados bajan del vehículo y Cabezuelo abandona el asiento trasero y se incorpora como conductor, continuando la marcha junto a la chica. Cuando ésta se despierta, el chico le pide que le realice una felación, y ante su negativa «con intención de menoscabar su integridad física» le golpea en la cara, le da un puñetazo en el brazo y la empuja para que saliera del coche mientras le insulta con gritos de «puta».

El fiscal se muestra muy duro con la conducta de los cuatro jóvenes, que grabaron lo que estaba ocurriendo en video y tomaron diversas imágenes que difundieron en apenas 20 minutos a través de dos grupos de mensajería instantánea «haciendo alarde» del abuso «y con evidente ánimo de vejar y vulnerar la intimidad de la víctima». Las imágenes no fueron descubiertas hasta cuatro meses más tarde, cuando los cuatro jóvenes y Ángel Boza son detenidos en Pamplona por una supuesta violación grupal durante las fiestas de San Fermín y los videos se hicieron públicos.

Según consta en el escrito de acusación del fiscal, como consecuencia tanto de los hechos como «de la exposición mediática y social» que derivó del tratamiento y divulgación que hicieron medios de comunicación y redes sociales de estas escenas, la joven sufrió estrés traumático y necesitó 90 días para su recuperación. Las imágenes son precisamente el principal caballo de batalla de este juicio, pues la defensa de La Manada considera esta prueba de cargo se obtuvo de forma irregular al revisar los móviles de los acusados de forma prospectiva, de ahí que hayan recurrido su inclusión en la causa en numerosas ocasiones.

Además de las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía, también pide para los cuatro acusados la prohibición de comunicar o aproximarse a la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre o frecuente o en su domicilio, a una distancia inferior a 100 metros durante 8 años para el delito de abuso sexual y otros 9 años más en relación al delito contra la intimidad, al ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales sin su consentimiento cuando la divulgación menoscaba gravemente la intimidad personal de esa persona. Esta petición ya está en vigor desde junio pasado, cuando el juzgado dictó una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros que les impedía además e comunicarse cualquier medio con ella.

La petición de pena de la Fiscalía se produce apenas dos semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidiera mantener a los integrantes de La Manada en libertad provisional. En ese auto, el tribunal justificó que el riesgo de fuga era «bastante endeble» y que todos ellos cumplían escrupulosamente las medidas dictadas para su puesta en libertad bajo fianza. Asimismo, recordaba que por este otro caso de abuso sexual pendiente aún no se había sentencia firme ni se pedía su encarcelamiento preventivo.