Los miembros de 'La Manada' seguirán libres hasta que resuelva el Supremo

A pesar de que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena a nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento dictada en abril por la Audiencia Provincial contra los cinco acusados, la Sección Segunda, el tribunal de la primera condena, consideró que no es motivo suficiente para cambiar la situación de los autores del ataque grupal contra una joven madrileña en la primera noche de los Sanfermines de 2016.

Según la mayoría de la sala, de la que discrepa el tercer magistrado, la existencia de una condena «resulta todavía inhábil para enervar la presunción de inocencia del acusado, a la espera del desenlace del recurso de casación interpuesto por él». Es decir, considera todavía «provisional» la condena de los cinco miembros de 'La Manada' a la espera de lo que decida el Supremo, a quien han recurrido en casación todas las partes.

Por el contrario, ambos magistrados, Ricardo Fernández y Raquel Fernandino, resaltan en su auto que «durante el tiempo transcurrido desde que los encausados fueron excarcelados -seis meses- han cumplido, puntualmente, las condiciones que les fueron impuestas» para poder mantener la libertad bajo fianza, especialmente presentarse ante el juez todos los lunes, miércoles y viernes, por lo que no creen que hayan mostrado intención alguna de eludir la acción de la justicia, incluido durante el mes ya transcurrido desde que recibieron la segunda condena.

Por tanto, consideran que no han variado los motivos que les hicieron ponerlos en libertad el pasado 22 de junio, tras pasar dos años en prisión provisional. Sobre el episodio en el que Ángel Boza robó unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla el pasado mes de agosto, la sala considera que no prueba un riesgo de reiteración del delito, pues se trata de «dos delitos leves», robo y lesiones, «hechos que afectan a bienes jurídicos muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales».

Sobre el cambio de condición laboral de Alfonso Cabezuelo, que ha sido expulsado provisionalmente de su situación de militar, al contrario de lo que opinan las acusaciones, el tribunal no cree que incremente su riesgo de fuga, más bien al contrario, porque «de momento supone que no recibe ingreso alguno». «Tal carencia no incrementa el riesgo de fuga, sino que, en cierta forma, lo limita», añade.

El presidente de la sección, José Francisco Cobo, tiene una opinión totalmente contraria sobre la situación, por lo que en su voto particular al auto aboga por ordenar el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los cinco encausados a la espera de la sentencia definitiva del Supremo. La ley permitiría que pasasen en esta situación hasta dos años y medio más, hasta alcanzar la mitad de la condena de nueve años que ya tienen impuesta.

Cobo defiende que «la confirmación del señalado pronunciamiento condenatorio, teniendo en cuenta la gravedad de la pena impuesta, consolida y refuerza los factores que deben ser evaluados para apreciar que la medida cautelar personal es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional, concretado en la evitación de la sustracción a la acción de la justicia».

 No obstante, a pesar de este voto particular, los cinco miembros de 'La Manada' continuarán en libertad hasta la decisión del Supremo a condición de que se presenten tres veces por semana en los juzgados de Sevilla, no abandonen España, y no pisen la Comunidad de Madrid, donde vive su víctima.

El abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, se mostró contrariado por la decisión del tribunal. La considera «desacertada» y cargó contra la juez Fernandino porque cambió de opinión «de forma sorprendente» en junio cuando decidió la puesta en libertad de los acusados. Por el contrario, el abogado de los condenados sevillanos, Agustín Martínez Becerra, se mostró satisfecho con la resolución. «Era lo esperado, pero hoy todos respiramos», aseguró tras conocer el auto de la Audiencia de Navarra.

Las dos acusaciones particulares, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, anunciaron hoy que presentarán un recurso contra la decisión. Sin embargo, no hay muchos visos de que dichas impugnaciones obtengan éxito alguno. Los recursos se presentan ante los mismos tres magistrados.