El Supremo condena a 15 años de prisión a La Manada por violación continuada

Nada más conocerse la sentencia del Supremo, las fuerzas de seguridad han procedido a la detención de José Ángel Prenda y de Alfonso Jesús Cabezuelo. Poco después fueron arrestados Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal juzgador, ha ordenado su ingreso en prisión. y a última hora de la tarde de este viernes los cinco fueron encarcelados en Sevilla I.

El tribunal de la Sala Segunda del Supremo, presidido por Andrés Martínez Arrieta y formado por Susana Polo, Ana Ferrer, Francisco Monterde y Vicente Magro, considera que los hechos son un delito continuado de violación (artículos 178 y 179 del Código Penal), con las agravaciones específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.

«Fue un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados. Una situación intimidante que hizo que la misma adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera, ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducid a la fuerza. Hubo al menos diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales«, relata la ponente de la sentencia, Susana Polo.

La Fiscalía del alto tribunal había mantenido en la vista que hubo una intimidación «ambiental» de naturaleza «agresora» por parte de los cinco integrantes de La Manada hacia su víctima, que en julio de 2016 tenía 18 años. La joven, ha defendido la fiscal Isabel Rodríguez, quedó «doblegada por el miedo» y «no pudo ofrecer resistencia alguna», lo que acredita que lo ocurrido en Sanfermines fue una «violación» y deben ser condenados a 18 años de prisión.

En una intervención directa, coloquial y con toques emocionales, Rodríguez recordó que la judicatura es «ajena» a la presión mediática que ha denunciado la defensa. La acusadora se ha quejado del argumento del abogado Agustín Martínez, para quien el único motivo por el que denunció la víctima fue el robo de su móvil y el miedo a que difundieran sus imágenes en las redes sociales. «¿Qué juerga acaba con una mujer desnuda y tirada en un portal, robándole el móvil?», se preguntó la representante del Ministerio Público. «Las relaciones que se mantuvieron en ese habitáculo en absoluto fueron consentidas», concluyó.

La defensa de los acusados solicitó la absolución porque no hubo intimidación y «ella accedió». «No fueron cinco lobos contra una chica», ha sostenido el letrado Martínez, que ha replicado el voto particular del magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que apoyó la absolución de los acusados.

«Ella encabezaba el grupo para buscar un lugar escondido. Esto no era una manada, cinco lobos rodeando a un chica. No hubo intimidación. Ella estaba esperando un lugar para mantener relaciones sexuales. Ella accedió a mantener las relaciones con los cinco. Iban de la mano», afirmó el letrado, que acusó a la víctima de haber modificado sus declaraciones iniciales ante la Policía Foral de Navarra.

Agustín Martínez, muy popular por sus apariciones televisivas en estos tres años pese a denunciar hoy el juicio paralelo contra sus clientes, detalló el vídeo de los hechos. «Es absolutamente injustificado que se hable de gritos de dolor cuando no aparecen en los hechos probados», lamentó el letrado, que negó que se haya probado que hubiera un «acorralamiento». «Hubo un cruce de voluntades. Lo que ocurrió en ese portal en el peor de los casos fue equívoco. No se ejerció ningún tipo de violencia o amenaza. No hizo ningún gesto durante los juegos preliminares», subrayó.

«No hubo miedo, dolor ni daño. Ella misma lo reconoce. No hay dolor a pesar de que mantuvo relaciones sexuales anales. Para que sea no hay que decir no», aseguró Martínez.«Simplemente un gesto, simplemente una mínima oposición. Manifestar que no de alguna manera», apostilló. «Se escuchan gemidos y jadeos».

Las acusaciones populares de la Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que reclamaban también 18 años de prisión por agresión sexual, han negado que la Audiencia Provincial se haya visto condicionada por la «presión social» y que los condenados «no hayan tenido un juicio justo», como apunta la defensa de los cinco acusados, que esperan en libertad provisional la decisión del tribunal.