Más educación para los niños infractores y sus padres

En la actualidad, los menores infractores solo son responsables penalmente a partir de los 14 años de edad, momento en el que un juez puede establecer su ingreso en un centro de internamiento en diferentes regímenes en función del delito cometido. Sin embargo, por debajo de esa edad, y conforme a la Ley de Responsabilidad del Menor, quienes se ponen en marcha son los servicios sociales comunitarios, explican desde la Consejería andaluza de Igualdad y Bienestar Social.

Ellos serán quienes, desde los consistorios o las diputaciones, entren en contacto con el menor infractor y su familia para valorar su situación e iniciar un procedimiento de reeducación. En caso de que sea necesario, se les deriva a los Equipos de Tratamiento Familiar, donde se trabaja en la adquisición de pautas rehabilitadoras y reeducadoras y se constata «la necesidad o pertinencia de adoptar una medida protectora» como la separación del menor de su entorno más cercano.

«Detrás de un niño infractor siempre hay un adulto», justifica Jorge Maldonado, educador social experto en menores infractores. «Los niños observan e imitan las conductas de su entorno», añade. De ahí la necesidad de que los servicios sociales intervengan también en su hábitat más cercano «porque, de alguna manera, la familia tiene una responsabilidad sobre lo ocurrido». «Los contenidos que se visualizan se tienden a imitar, y es una forma de llamar la atención, de sentirse importantes y tener su minuto de gloria», comenta.

Coincide con el juez de Menores Emilio Calatayud en diagnosticar la situación de muchos pequeños. Por un lado, que «los padres no ponen límites, y los niños tienen que conocer la frustración y controlar sus emociones», aunque muchas veces los adultos no se enteran de lo que ocurre con el menor hasta que llega una sanción del colegio. Y por otro, la exposición permanente a internet y las redes sociales a través de los móviles.

«Lo cierto es que hay muchos niños y niñas de 12 años que han visto porno. Está a un clic de sus teléfonos inteligentes. Es la sociedad del todo vale para vender. Queremos que sean adultos y son niños. Y algunos pueden creer que el porno es la realidad. Y pasa lo que pasa», explica el juez en su blog del periódico 'Ideal'. «Cuando hay niños de doce años que sólo están pensando en el sexo y en violar, en lugar de jugar a policías y ladrones es que nos hemos equivocado en todo. Tenemos que dejar que los niños sean niños y no empujarles a ser adultos prematuros».

La asistencia social está en todo momento coordinada con el ámbito educativo. Por el momento, los supuestos agresores del centro de Jaén han sido expulsados del colegio durante un mes, el máximo periodo previsto en el régimen sancionador de los centros al tratarse de un asunto muy grave. Sin embargo, pasado ese tiempo, los menores deberían reintegrarse a la vida escolar.

Fuentes educativas señalan que lo normal es iniciar un expediente de traslado de los agresores, como ocurre en algunos procedimientos de acoso, y más en este caso, en el que tanto víctima como agresores pertenecen a un municipio pequeño en el que sólo existe un centro. Sin embargo, Maldonado insiste en que en muchos casos, la solución no puede pasar solo por la expulsión. «Hay que abordar el conflicto con las familias, pero lamentablemente el nivel de implicación de éstas en la vida escolar es escasa», apunta, recalcando el papel que deben jugar los progenitores.

La Fiscalía General del Estado constata en su última memoria que los delitos en los que estaban involucrados menores de 14 años y, por tanto, inimputables como los cuatro chicos de Jaén. En el informe sobre el año 2016 -últimos datos recogidos-, se destaca que 9.496 diligencias fueron archivadas por ser los encausados menores de edad inferior al tope legal establecido. Una cifra que supone «un aumento significativo» con respecto a años anteriores: 8.048 en 2015 y 7.734 en 2014. Solo supera en casos 2011, cuando se archivaron 10.425 casos, aunque la Fiscalía indica que los criterios registrales eran otros.

El Ministerio Público señala que existe una «subida significativa de las denuncias contra menores» en la violencia intrafamiliar y en el acoso escolar y el 'ciberbullying' y que espera a ejercicios posteriores para sacar conclusiones «criminológicas más definitivas».