Producir a distancia

Como ayer señaló la ministra Yolanda Díaz, el teletrabajo puede incrementar la productividad y la competitividad de la economía española. La reordenación de sistemas en las empresas y la adecuación de los horarios y la movilidad a las aspiraciones de conciliación de los empleados ahorraría los costes generales del trabajo presencial y el tiempo en desplazamientos. La intensidad en el desempeño de la tarea encomendada sería compatible con la flexibilización de la jornada. Pero la literalidad del decreto recurre, en su propósito de preservar derechos laborales, a conceptos y términos tan analógicos que no acaban de responder a esta variante de la digitalización del modelo productivo y de la prestación de servicios.

La norma sale al paso de los cambios introducidos por la pandemia al imponerse el trabajo a distancia. Pero mientras las empresas acondicionan su organización interna en veinte días a partir de su publicación en el BOE y los convenios se hacen eco de la transformación en el plazo de un año, las patronales y los sindicatos deben proceder a una reflexión de mayor alcance en cuanto a la individualización de las relaciones de trabajo en el entorno digital. Por eso mismo parece inconsecuente que el Gobierno y el resto de las administraciones públicas se sitúen a la cola en la utilización del teletrabajo, con el que amplísimas áreas de su actividad podrían mejorar su rendimiento. Ámbitos que soportan una tensión especial en estos momentos como la atención sanitaria y el sistema de enseñanza deberían encontrarse en mejores condiciones para operar a distancia.