El presidente Pedro Sánchez ofreció públicamente a los presidentes autonómicos la posibilidad de que soliciten la aplicación del estado de alarma en sus respectivas comunidades. Es altamente improbable que algún responsable territorial opte por tal vía, por cuanto supondría admitir que su ámbito de responsabilidad sanitaria está fuera de control, a diferencia del resto del país. Más difícil resulta imaginar a Gobiernos autonómicos del PP, o a los nacionalistas vascos y a los independentistas catalanes, recurriendo a la oferta que con su alocución el presidente convirtió en una suerte de desafío a la discrepancia. La iniciativa, que no había sido comunicada previamente a ninguno de los presidentes autonómicos, resulta además contradictoria con el tono optimista que Sánchez quiso conceder a su intervención de ayer, al afirmar que los ciudadanos «tienen la garantía de que los centros de enseñanza serán seguros de covid»; cuando el anuncio mismo de su apertura certificaría que no es preciso estado de alarma alguno.
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La negativa del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos a revisar la legislación ordinaria para adecuarla a los problemas jurídicos que plantea atajar las transmisiones comunitarias, a la hora de aplicar restricciones colectivas o de hacer efectivo el interés público, adoptó la forma de un envite que Sánchez debió ahorrarse. Claro que si ayer el presidente no hubiese contado con el ofrecimiento del estado de alarma a las autonomías, solo le habrían quedado los 2.000 militares adiestrados para rastrear positivos. Nada más elocuente que su insistencia en el protocolo avanzado en julio por la ministra Isabel Celaá para la apertura del curso 2020-2021, cuando era inimaginable que se desencadenara lo que Sánchez denominó ayer eufemísticamente «segunda curva», para confirmar la inclinación evasiva del presidente y de su Gobierno ante un momento que retratará al país en su conjunto.
Ayer se echó especialmente en falta que, junto al mensaje satisfecho que Pedro Sánchez quiso transmitir sobre los esfuerzos económicos realizados por su Gobierno frente a la pandemia y sus efectos, advirtiese que la «segunda curva» está evidenciando las insuficiencias de los fondos previstos para paliar sus consecuencias. El incremento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos en los últimos días y horas exige incrementar su monto para sanidad, servicios sociales y educación.
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