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La crisis económica provocada por el coronavirus ha sido combatida mediante un sistema complejo de ayudas que, además de auxiliar directamente a los menos favorecidos (el ingreso mínimo vital), pretende salvar también las empresas y con ellas el empleo (los ERTE y otras ayudas a los autónomos). El Estado español cuenta con ayuda comunitaria, y Bruselas acaba de otorgarnos 21.300 millones de euros, más de lo solicitado, para tales atenciones encaminadas a conservar el tejido económico del país. Con todo, la burocracia española no se ha tecnificado todo lo debido y el diseño de tales ayudas las está volviendo ineficaces. Si hace poco se conocía que solo un porcentaje ínfimo de quienes han solicitado el ingreso mínimo vital lo han conseguido, ahora la voz de alarma proviene de los trabajadores autónomos, que afirman que las ayudas por cese de actividad no están llegando a quienes realmente las necesitan. Apenas 125.000 trabajadores por cuenta propia de los más de tres millones cobrarán la prestación este mes pese a que hoy hay más de 280.000 actividades de autónomos aún cerradas desde el confinamiento y un millón de emprendedores se encuentran en la cuerda floja.
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