El Gobierno rectifica

Los ayuntamientos fueron las instituciones que, en términos generales, mejor se atuvieron a los criterios de disciplina presupuestaria y contención del déficit en la anterior crisis. Ello no se debió únicamente a la voluntad política de sus gestores. Fue, sobre todo, consecuencia de que las entidades locales deben atender obligatoriamente una relación limitada de necesidades ciudadanas, a partir de las cuales actúan según sus disponibilidades financieras. En una situación como la actual podrían ceñirse al ámbito estricto de sus competencias mínimas y desentenderse de una infinidad de solicitudes de ayuda o de la ampliación de servicios públicos que reclaman los vecinos de cada localidad, sin que por ello incurriesen en una negligencia legalmente reprochable. Pero parece evidente que ninguna Administración haría suyas esas prestaciones no cubiertas, cuyo requerimiento ni siquiera les llegaría directamente.

Hay necesidades muy diversas como las situaciones de emergencia social en las familias, la habilitación de espacios públicos seguros –incluidos los anexos a las escuelas– o actividades culturales y deportivas que si no son atendidas por los ayuntamientos no lo son por ninguna otra institución. Dado que la descentralización hacia los municipios continúa pendiente en nuestro Estado compuesto, es ineludible que cuenten por lo menos con un margen financiero más amplio.