Un curso incierto

La reunión de ayer entre los ministros de Sanidad y Educación y los responsables autonómicos de esas áreas estableció los criterios de actuación para la apertura presencial del próximo curso escolar atendiendo a las necesidades formativas de los menores, que determinan a su vez la organización de la vida familiar y la actividad económica en su conjunto. Aunque al hacerlo las administraciones afectadas pasaron por alto de manera un tanto voluntarista la preocupante evolución de esta segunda ola del coronavirus, cuyos datos epidemiológicos siguen comprometiendo el normal desarrollo de la actividad escolar al sucederse episodios de transmisión comunitaria y niveles de incidencia más que notable en algunas comunidades.

Las pautas establecidas de lavado de manos, de uso de mascarillas a partir de los 6 años, del metro y medio de distancia, de la idoneidad de 'grupos burbuja' en el aula... –todo, a partir de asegurar que los alumnos entren en el centro sin fiebre– trasladan a los colegios las normas que ya rigen para la convivencia. Por ello resulta significativo que no se haya fijado, ni siquiera a modo de recomendación, una ratio óptima alumnos/docente. Una cuestión que la ministra Isabel Celaá despejó ayer variando el orden de los factores al señalar que esa ratio derivará del incremento de plantillas al que se decidan las comunidades autónomas. También es significativo que la reunión conjunta de los responsables de Sanidad y de Educación evitase definir un protocolo de partida para los casos en que se contagie un menor escolarizado o un integrante del personal de un centro. Salvador Illa apeló a la especificidad de cada caso. La vaguedad de «las relaciones más estrechas» para el seguimiento de un posible brote y la carencia de un procedimiento a seguir en la correspondiente toma de decisiones forman parte de los interrogantes a que se enfrenta la comunidad educativa a pocos días del inicio de curso.

El ministro de Sanidad supeditó la eventualidad de cierre de un centro escolar a la existencia de un contagio «descontrolado y generalizado», sin especificar qué se entiende por tal. Tal interpretación queda en mano de los gobiernos autonómicos, que tienen transferida la sanidad y la educación, aunque es lógico pensar que en tal supuesto estaríamos hablando de una cadena de infección que desbordaría, en un sentido o en otro, el perímetro escolar.