Vox formaliza ante el Supremo su querella contra Sánchez para intentar frenar su reelección

La formación de la derecha radical recuerda en su iniciativa que «practicadas las necesarias diligencias de averiguación», la investidura puede desarrollarse, en su caso, hasta el 27 de noviembre, la fecha en la que la que la convocatoria de otras elecciones será automática.

Vox acusa al presidente del Ejecutivo en funciones, al expresident de la Generalitat y a sus respectivos partidos de colaboración con terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios. «No vamos a parar de negar la legitimidad y la ilegalidad de este Gobierno que está intentando hacer un cambio de régimen por la puerta de atrás», incidió el líder del partido.

A las puertas del alto tribunal y escoltado por la plana mayor de su partido, así como de algunos rostros que en los últimos meses habían pasado a segunda línea, como el ex secretario general Javier Ortega Smith y su mano derecha, Marta Castro-que fue sustituida el pasado mes de octubre por Jorge Buxadé como vicesecretaria jurídica-, Abascal quiso mandar a los españoles un mensaje de unidad. Y expresó su deseo de que los jueces «usen las herramientas que tienen en su mano para detener» lo que, a su juicio, representa un «golpe de Estado».

Pero la ofensiva de Vox va más allá del pacto entre los socialistas y posconvergentes. Su presidente insistió en que también se querellará contra los miembros de la Mesa del Congreso por prevaricación si dan vía libre a la ley de amnistía y también contra los integrantes de la Mesa del Senado, donde exige al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo que use su mayoría para impedir que la ley de amnistía sea tramitada en la Cámara alta.

«Es su responsabilidad», afirmó Abascal, admitiendo que «sin ninguna duda» esto podría desencadena un «conflicto institucional». «Pensamos que este golpe se puede detener en los tribunales y en el Senado. Pedimos que todos los que tienen responsabilidades cumplan», presionó.

En esta línea, la portavoz de esta formación en el Congreso, Pepa Millán, confirmó su intención de recurrir en amparo ante el TC la tramitación de una norma que juzga «inconstitucional». Y anunció que presentará una querella por prevaricación contra el secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, si emite un informe favorable a su calificación por parte de la Mesa del Congreso, aunque éste no sea vinculante.

«El letrado, el secretario general y los diputados de la Mesa del Congreso que hayan pedido la tramitación de esta ley a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad, por muchas piruetas jurídicas que hagan, serán querellados por prevaricación, por dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad», avisó Millán.