Jueces decanos promueven concentraciones «contra la ley de amnistía» frente a sus sedes

Uno de los magistrados más activos, el juez decano de Sevilla Francisco Guerrero, remitió el lunes por la tarde una circular a sus compañeros en el que les citó a concentrarse a las 13:00 horas del martes en los bajos del edificio de la Audiencia de Sevilla «para rechazar las referencias» que se hacen en el acuerdo entre PSOE y Junts «al 'lawfare'« o guerra judicial en Cataluña.

La invitación la hizo extensiva al presidente de la Audiencia Provincial, a los presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, al fiscal jefe y a los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales «para su traslado a todos aquellos que estén interesados» en participar en la citada concentración.

En Salamanca, el juez decano Juan Rollán y el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega, encabezaron junto a varias decenas de personas la concentración en la Plaza de Colón, junto a las dependencias judiciales. El motivo era reunirse "en defensa de la separación de poderes y contra la Ley de Amnistía", en genérico. Vega leyó un comunicado en el que resaltó que "el Poder Judicial es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".

Esta respuesta en la calle llega después de que el pasado viernes unos 80 jueces decanos de toda la geografía nacional mostraron en un comunicado conjunto su «rechazo» a la posibilidad de que las comisiones de investigación que se constituirán en el Congreso revisen las resoluciones de jueces y magistrados en el marco de la citada «guerra judicial» en Cataluña. Una «evidente intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes". En esa nota, los decanos recordaron que están sometidos «únicamente» al imperio de la ley y que la carrera judicial ya dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales «que aparta el riesgo» de la judicialización de la política.

Ante la «oposición frontal» manifestada por multitud de actores jurídicos, no solo los jueces, el Grupo Parlamentario Socialista salió al paso el viernes pasado para matizar que en ningún caso las investigaciones de la Cámara baja sobre la 'operación Cataluña' o el espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas van a escrutar las actuaciones de juzgados y tribunales.

Del mismo modo, sobre las concentraciones de este martes la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) anunció que no la secundaba porque la defensa de la separación de poderes «exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan». El magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya y miembro de JJPD, Edmundo Rodríguez, mostró su "alivio" por que la proposición de ley no prevea comisiones de investigación sobre "el trabajo judicial" realizado sobre el 'procés', y que no borre tampoco "delitos de corrupción ni de terrorismo".

Sobre la proposición de ley registrada en el Congreso, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se pronunció este martes que vulnera el principio de igualdad y deroga lo fijado por jueces y magistrados. Afirmó el colectivo que el texto «trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán; estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no».

En este sentido, sostuvo que «para que esta desigualdad sea admisible debe perseguirse con ella un fin constitucionalmente legítimo y debe ser proporcionada», algo que a su juicio no consigue esta proposición de ley.

Asimismo, la segunda asociación con mayor número de afiliados aseguró que aunque en la exposición de motivos de la ley se hace un «notable esfuerzo» por identificar su «entronque constitucional», «ninguno de los objetivos señalados en el texto - asegurar la convivencia democrática, promover la afección hacia las instituciones estatales, superar la tensión social y política, etc - es real o, en caso de serlo, tiene entidad suficiente para justificar la desigualdad que provoca la amnistía».