Los vocales desecharán el plan de Lesmes y votarán un presidente interino del CGPJ

A escasas 48 horas de celebrarse el cónclave, en el que también se tratará el estado de las negociaciones para elegir a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le compete al CGPJ, vocales de los sectores progresista y conservador se muestran partidarios de votar una resolución para impedir la llegada de Marín Castán a la presidencia del órgano. Defienden que el sustituto debe ser uno de los consejeros integrantes del Pleno, de la casa, y este cargo recaería en el vocal de mayor edad: el magistrado Rafael Mozo.

De sustentarse este movimiento supondrá un serio contratiempo al plan trazado por Lesmes para después de su dimisión. Este encargó un informe al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en septiembre con el objetivo de conocer quién le sustituiría cuando se fuera. Los aspectos legales del documento concluían que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia de ambas instituciones como «conjunta e indisociable». Una circunstancia que cerraba la puerta a una posible bicefalía, en contra de lo que contemplaban hace solo un mes algunos vocales del Consejo tras conocer el órdago lanzado por Lesmes sobre su renuncia por persistir el bloqueo político para renovar.

El documento se cargaba de argumentos legales para dejar en manos del vicepresidente interino del Supremo este cometido, es decir, de Marín Castán, a la sazón presidente de la Sala de lo Civil. Y se aventuraba a afirmar que «cualquier sombra de duda sobre este particular queda despejada» con la lectura de una sentencia de la corte de garantías de 2016, que examinó la constitucionalidad del régimen de sustitución y el papel del vicepresidente del alto tribunal.

Pues bien, este informe pedido por Lesmes fue ratificado el pasado 26 de septiembre por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, es decir, por el órgano de nueve magistrados que representa a la cúpula judicial del país. Sin embargo, los vocales del Consejo no han visto nada clara esta imposición y tomarán una decisión en el pleno del jueves.

Alegan que el hecho de que Marín Castán ocupe la vicepresidencia del Supremo de forma interina por el ser el magistrado de mayor edad le resta legitimidad para reemplazar a Lesmes, al menos también en el CGPJ. También critican que su desembarco se percibe como una imposición en la que no se ha dejado margen de maniobra al Consejo y remachan que el informe técnico de Lesmes no es vinculante.

Por lo tanto, la petición de siete de los 18 vocales para tratar este asunto en el pleno será respaldada por más consejeros, según confirman fuentes del órgano. Y el nombre elegido, como decimos, sería Rafael Mozo, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y consejero de la terna de jueces propuesto en su día por el Grupo Parlamentario Socialista.

Pero, ¿en qué situación queda Marín Castán? De enrocarse ambas posiciones, es decir, en caso de que este magistrado se oponga al plan del CGPJ mediante recurso, este pulso acabaría en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que sería la encargada de decantar la balanza. No obstante, fuentes jurídicas consultadas consideran que personalmente Marín Castán, de 70 años, no pondría impedimentos para no ocupar la presidencia del Consejo.

En todo caso, no sería la primera vez que el liderazgo de este poder del Estado se desdobla. Ya ocurrió cuando Carlos Dívar dimitió en 2012 tras la polémica desatada cuando se supo que cargó a los presupuestos una treintena de viajes que realizó en fines de semana por unos 28.000 euros. Entonces, Dívar fue reemplazado por Juan Antonio Xiol -hoy vicepresidente en funciones del Tribunal Constitucional- en el Supremo y por Fernando de Rosa, actual senador del PP, en el CGPJ hasta que Gonzalo Moliner les sustituyó a los dos.

Esta bicefalia duró apenas un mes porque Dívar renunció un 21 de junio --aunque se oficializó días después-- y Moliner fue elegido el 17 de julio. Sin embargo, hay que recordar que en esa época la Ley Orgánica era distinta, ya que el gobierno de los jueces contaba con un vicepresidente mientras que el alto tribunal no, encontrándonos ahora en el escenario contrario.

En cualquier caso, pase lo que pase en el pleno del jueves las diferencias jurídicas sobre el plan de Lesmes abren la puerta a un nuevo conflicto institucional, esta vez dentro del Poder Judicial, que se suma al provocado por el bloqueo en la renovación del CGPJ en diciembre se cumplirán cuatro años- y profundizada por las vacantes generadas primero en el Supremo (15 de las 79 plazas en la actualidad están sin cubrir) y el nombramiento de los dos magistrados al Tribunal Constitucional por parte del Consejo, cuando se cumplen cuatro meses de la fecha prevista por la ley. El primero caso es por imposibilidad legal y el segundo, por falta de acuerdo.