Lesmes, el todopoderoso presidente que claudicó por la polarización política

Con esta situación viciada desde diciembre de 2018, cuando se debió renovar el CGPJ, y la separación de poderes en entredicho a ojos incluso de la Unión Europea, Lesmes navegó como un náufrago sin rumbo en su fracasado intento de llegar a tierra firme. Casi cuatro años de interinidad y nueve en el cargo, el que más ha ostentado en nuestra democracia, sumieron al magistrado en una crisis personal y profesional que ni las profundas convicciones religiosas que profesa -un crucifijo de marfil y de madera y un cuadro de la Inmaculada presiden su despacho- le ayudaron en su agónico camino hacia la redención.

Porque en el mandato de Lesmes, claro está, hay dos etapas bien diferenciadas: la que transcurre desde su nombramiento en diciembre de 2013 hasta el mismo mes de 2018 y el abrupto periodo en funciones que se ha extendido hasta este lunes, cuando formalice su dimisión.

En la primera fase, accedió a la presidencia con el aval de los vocales designados por el Grupo Parlamentario del PP, en un contexto político pacífico -con Mariano Rajoy gobernando con mayoría absoluta- y el respaldo de una ley orgánica aprobada en 2012 para dotar al CGPJ de un mayor presidencialismo.

Es cierto que este madrileño de 64 años, procedente de una familia de origen extremeño más vinculada a la medicina que al derecho, asumió el encargo con algunas piedras en la mochila que hicieron dudar de su proceder, sobre todo entre los grupos de izquierda, entonces en la oposición.

Ejerció cargos de responsabilidad en los dos gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2000 fue director general de Objeción de Conciencia, y en la segunda legislatura fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia, donde entabló buena amistad con el entonces presidente del CGPJ Francisco José Hernando. Desde allí pasó a ocupar sus responsabilidades en la Audiencia Nacional, siempre en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pocos meses más tarde, en septiembre de 2005, le llegó el siguiente nombramiento: presidente de la Sala Contencioso en la Audiencia Nacional. Este ascenso fue discrecional y lo decidió el Consejo liderado por Hernando.

En 2006, se afilió a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora de los jueces mayoritaria en la carrera. Tras cuatro años como presidente de Sala y unos meses como presidente en funciones de la Audiencia Nacional, en 2010, los vocales nombrados por el PP le vuelven a promocionar. Esta vez al Tribunal Supremo, como magistrado de lo Contencioso-Administrativo.

En aquel momento, tras las victorias del PSOE de Zapatero, el CGPJ tenía un equilibrio entre vocales conservadores y progresistas y casi todos los nombramientos se hacían por consenso entre los dos bloques. La ley de entonces –por una reforma que impulsó Zapatero– requería de una mayoría de tres quintos del Consejo para cada nombramiento, lo que obligaba a pactar.

Su llegada al alto tribunal no fue, sin embargo, pacífica, ya que su designación fue impugnada por una compañera de la Audiencia por la falta de méritos y capacidad. El alto tribunal no amparó a la magistrada María Asunción Salvo, aunque hubo votos particulares.

En los tres años que estuvo en la Sala Tercera del Supremo, la misma a la que volverá ahora, Lesmes destacó por su ponencia de la sentencia que en marzo de 2011 ilegalizó Sortu, formación de la izquierda abertzale, una resolución que fue anulada por el Tribunal Constitucional un año después. También tuvo un papel protagonista en la anulación del indulto parcial que el Gobierno de Zapatero otorgó al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

Tomó posesión como máximo representante del Poder Judicial en diciembre de 2013, con el voto de 16 de los actuales vocales del CGPJ.A diferencia de los predecesores en el cargo, y también de los que le sustituirán en el mismo, Lesmes ha acumulado durante su mandato un poder que algunos han criticado por ser cercano a lo «absoluto», al presidirun órgano cuyos miembros no son todos de dedicación exclusivatras una reforma legal impulsada durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia que ya ha sido revocada.

Dicha reforma, según sus detractores, construyó un CGPJ excesivamente «presidencialista», ya que únicamente tienen esta dedicación de carácter particular los siete miembros de la Comisión Permanente del Consejo -en anteriores órganos este núcleo clave lo constituían únicamente cinco personas-, y es Lesmes quien decidió quién forma parte del mismo con la consiguiente retribución económica que conlleva: más de 125.000 euros al año.

A lo largo de estos nueve años se han sustanciado en la citada comisión asuntos de gran relevancia que en anteriores mandatos solían verse en pleno, y no todos los vocales han formado parte de ella. Lesmes restringió también la proyección comunicativa del órgano para evitar charcos, desapareció la figura del portavoz y, según sus críticos, convirtió el CGPJ en una suerte de subdirección general de Justicia.

Todo marchaba razonablemente bien hasta que se acercó el momento de renovar el mandato, en 2018. La moción de censura que desalojó al PP de la Moncloa, en junio de ese año, no pasó en un primer momento factura aunque a la larga se convirtió en el germen del bloqueo. Hubo un acuerdo entre populares y socialistas para renovar el Consejo, con la lista de 20 vocales designados y como presidente de consenso el magistrado del Supremo Manuel Marchena. Pero el acuerdo se frustró por la difusión del famoso whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó elogiando a Marchena porque era de los suyos y controlaría la Sala Penal del Supremo, que él mismo presidía, «desde detrás».

Marchena renunció y todo se fue al traste. Así comenzó la segunda etapa de Lesmes en el CGPJ, ya como presidente interino. El magistrado soltó lastre y empezó a proyectar un perfil más institucional para buscar la ansiada renovación. Pese a protagonizar algunos enfrentamientos con el Gobierno de coalición - sonados fueron sus cruces de declaraciones institucionales con Pablo Iglesias por Cataluña-, la realidad es que empezó a distanciarse de aquellos que le eligieron como presidente.

En fuentes del Consejo, algunos señalan que el origen de alejamiento puede encontrarse en el verano de 2017, cuando se produjo la declaración de Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel, que no pudo evitar, y se ha venido acrecentando en relación con la programación de los debates sobre los anteproyectos de ley del Ejecutivo de Sánchez. Como colofón ha estado su posicionamiento muy crítico con las posturas de la formación liderada por Pablo Casado, y hoy por Alberto Núñez Feijóo, contrarias a llegar a un acuerdo para renovar el órgano por la imposición de determinados vetos.

Esta postura de defensa de la institución ha venido proyectándose en los últimos cuatro discursos ante el Rey con ocasión de la apertura del año judicial. En el último, donde el enfado por la actual parálisis ha sido más evidente -sobre todo por las vacantes en el Supremo- fue cuando adelantó su posible renuncia como una decisión «que no gusta» frente a la situación de bloqueo «insostenible».

El final ha coincidido, además, con un Consejo fracturado, limitado en sus funcionesdesde marzo de 2021 para realizar nombramientos, con dos miembros menos y con un sector conservador, que es el mayoritario, posicionado en una situación de rebeldía frente a la última reforma propiciada por el Gobierno para lograr la renovación de las dos plazas que le compete al Tribunal Constitucional.

Todo ello ha hecho que Lesmes diera por perdido su retiro deseado en la corte de garantías, donde aspiraba al puesto que queda vacante tras la renuncia del magistrado Alfredo Montoya, de la cuota del PP en el Senado. El epílogo fue la imagen de soledad tras abandonar por la puerta trasera la sede del Supremo, cabizbajo, tras el acto de apertura de los tribunales del pasado 7 de septiembre. Su dimisión ya estaba en camino.