El Poder Judicial acuerda votar a sus candidatos al Tribunal Constitucional el 22 de diciembre

Un día después de que el Supremo rechazara suspender el nombramiento del presidente sustituto del Consejo, el vocal Rafael Mozo, tras la dimisión en octubre de Carlos Lesmes, la reunión entre los bloques se reactivaron y hoy se ha anunciado por vez primera una fecha para testar los apoyos a los aspirantes al Constitucional.

De momento, se sabe que el sector progresista se ha decantado por el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, uno de los fundadores de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), mientras que el sector conservador aún sigue en la búsqueda de candidatos tras la negativa de varios integrantes del alto tribunal. El comité negociador volverá a verse el próximo jueves para avanzar con el proceso y tratar de llegar al 22 de diciembre con el acuerdo cerrado.

En cualquier caso, el Consejo va a superar ampliamente la obligación recogida en la contrarreforma impulsada por el PSOE, que fijó a mediados de septiembre el plazo límite para que los vocales designaran a sus dos candidatos al TC ( los otros dos corresponden al Ejecutivo, lo que provocará un cambio de mayorías en la corte). En estos momentos el principal escollo reside en el método de elección, ya que los vocales conservadores quieren negociar conjuntamente los dos nombres, sin que sea una mera suma de aspirantes propuestos por cada bloque.

La esperanzadora noticia para cumplir con el Constitucional ha confrontado en el pleno de hoy con el distanciamiento entre los vocales por un asunto sensible: la reforma y derogación del delito de sedición, que han impulsado en las Cortes el PSOE y Unidas Podemos.

Ocho consejeros conservadores - Gerardo Martínez, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart y Ángeles Carmona- solicitaron al presidente interino que incluyera en el orden del día su propuesta sobre la reforma penal. El objetivo final era que el CGPJ elaborara un informe sobre sus consecuencias judiciales.

La cuestión es que PSOE y Unidas Podemos presentaron su iniciativa legislativa como proposición de ley, una fórmula que permite no pedir informes al Consejo y otros órganos constitucionales que, en caso de haberse optado por el anteproyecto de ley, sí serían obligatorios. "Hay que tener presente que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia", argumentaron estos ocho vocales.

Sin embargo, el asunto se escrutó en el pleno y el resultado ha sido de 9 frente a 8 (el vocal conservador Wenceslao Olea, el mismo que desistió ayer de recurrir el nombramiento de Mozo como sustituto de Lesmes, votó en blanco), por lo que la propuesta de los conservadores no ha salido adelante. En cambio, sí se aprobó por unanimidad el dictamen sobre el anteproyecto de ley de bienestar animal, que supone la modificación del Código Penal, el endurecimiento de las penas y la inclusión de nuevos supuestos relativos al maltrato de estos seres vivos.

El informe, como ya se avanzó el martes, hace hincapié en que la nueva regulación puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones y avisa del conflicto que se generará en relación con los delitos relativos a la protección contra la flora y la fauna, que han quedado desgajados de los de maltrato animal.