Villarejo se acoge al secreto profesional para no desvelar sus contactos judiciales

En prisión preventiva desde noviembre de 2017, Villarejo se extendió en la primera de las piezas. El 'proyecto Pit' fue el encargo realizado por el naviero para que el comisario frenase a cambio de 10 millones de euros -al final fueron 7,48 millones, dijo este miércoles- la causa de corrupción que se le había abierto en Guatemala y su extradición, que podía conllevar su encarcelamiento por tráfico de influencias y cohecho al expresidente Otto Pérez Medina.

El procedimiento se incoó en 2016, fue archivado dos veces por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y finalmente el tribunal de la Sección Cuarta denegó la entrega en julio de 2018 por tratarse de un ciudadano español (en esa fecha Villarejo ya estaba en prisión).

Según fuentes jurídicas, los fiscales fueron especialmente puntillosos en este asunto. Querían que Villarejo aclarase lo que dijo en unos audios intervenidos en la causa, en los que asegura a su cliente que estaba «desplegando sus influencias» en reuniones con miembros de la Fiscalía o incluso que había contratado al magistrado Baltasar Garzón para que hiciera lo propio en Guatemala. Éste ya lo desmintió en su día y la otra persona nombrada, la fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia y actual ministra de Jusicia Dolores Delgado, también. Incluso el Ministerio Público ha difundido dos comunicados desmintiendo este extremo.

Sin embargo, al ser preguntado este miércoles por estas supuestas influencias judiciales, Villarejo se acogió a su derecho a no declarar no ya como acusado, sino como abogado. Y es que el comisario jubilado está colegiado y se amparó en su «secreto profesional» para no responder sobre la existencia de una red de contactos en el tribunal central que favorecieran la posición de Pérez-Maura. El martes, su socio y también abogado Rafael Redondo, investigado en la misma pieza, sí reconoció al juez que efectivamente se intentó contratar a Garzón pero no tuvieron éxito. Una revelación que para Villarejo fue «muy imprudente».

En todo caso, el acusado detalló que con Garzón había tenido relación en calidad de abogado y que no ve problema en recurrir a los contactos que uno tenga en instancias como la Audiencia Nacional. Cuando se le preguntó si se referían a él como «El mago», según los audios, éste contestó que «hay muchos magos» en su vida, entre los que mencionó a uno en el CNI y otro en la CIA. También salió a colación en el interrogatorio una anotación en su agenda, «D2», y las referencias en los audios a Dolores Delgado. Pero Villarejo respondió lo mismo: «Me acojo a mi secreto profesional».

En cuanto al resto de investigados por este asunto, exculpó a su hijo, que proporcionó unos «teléfonos de seguridad» a los Pérez-Maura en pleno operativo ante el temor de que el CNI los estuviese escuchando, y apuntó que no le extrañaría que el empresario Adrián De la Joya, en libertad bajo fianza, cobrase por sus servicios. Según dijo este miércoles, los pagos los llevaba Redondo, lo contrario de lo que éste le dijo al juez y a los fiscales. Unas diferencias notables entre los socios.

Respecto al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, Villarejo confirmó que no cobró de su empresa Cenyt y enmarcó su interés en que éste fuese presidente de Guatemala para solucionar un «problema político»: el supuesto interés de empresas norteamericanas por hacerse con la explotación del puerto adjudicado a los Pérez-Maura en aquel país.

El segundo tema a tratar en el interrogatorio de este miércoles fue los servicios contratados por el BBVA en la época de Francisco González. El comisario jubilado, que sufre «graves problemas de hipertensión», negó haber mantenido reuniones o conversaciones telefónicas con el expresidente de la entidad y subrayó que los contactos eran con el ex jefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano, investigado por estos supuestos servicios de espionaje y que está pendiente de abonar una fianza de 15.000 euros para evitar el ingreso en prisión.