El exjefe de seguridad de la patronal bancaria también trabajó para Villarejo

El caso particular de Antonio Bonilla Martínez es el ejemplo de asistente leal. Estuvo más de 25 años en la Policía, según su currículum abierto en Linkedin, y en 2010 dejó la placa para montar una empresa privada, Ambycol S.L. cuando ya era inspector jefe. En su nuevo cometido de asesor, consultor y gestor de seguridad fichó por Globalia como director de operaciones. En el holding empresarial propiedad de Juan José Hidalgo (Air Europa) estuvo hasta diciembre de 2012.

En enero siguiente se fue a la Asociación Española de Banca (AEB) bajo la presidencia de Miguel Martín. En la patronal bancaria fue jefe de seguridad cinco meses y entre sus cometidos estaba la planificación de servicios de seguridad, contratación de personal y medios técnicos.

Fue en ese mismo año, 2013, cuando «Boni» no sólo estaba en nómina de la banca, sino también de su excompañero Villarejo. Con él coincidió en la llamada «cúpula de Linares», el grupo que dirigió la Policía a principios de los noventa, durante la etapa del socialista José Luis Corcuera. Coexistieron hasta que la entonces secretaria de Estado de Seguridad Margarita Robles, hoy ministra de Defensa, hizo una limpieza de altos cargos en 1995.

Esto provocó que algunos de los supuestos colaboradores uniformados de Villarejo se pasaran al sector privado. Unos acabaron en compañías de telecos, eléctricas, aseguradoras o bancos y otros crearon consultoras o agencias de detectives. A Bonilla esta salida le llegó en 2010.

Investigado ahora en varias piezas del 'caso Villarejo', compareció este lunes en la Audiencia Nacional ante el juez instructor Manuel García Castellón. Lo hizo en la causa 'Pit', relativa a un encargo de los navieros cántabros Pérez-Maura para frenar en 2016 la extradición de uno de ellos a Guatemala, donde está acusado por delitos de corrupción.

Según el juez, la implicación de Bonilla concuerda con la que ha tenido «como integrante de la organización investigada» y en las que facilita a Villarejo y a su socio Rafael Redondo información de «las bases de datos policiales o accesible para la Policía Judicial» por lo que recibe 2.000 euros al mes del Grupo Cenyt.

Esta relación, admitió este lunes Bonilla, se remonta a 2013 y su cometido consistía en realizar análisis con la documentación que le entregaba Redondo. En el marco de ese contrato también hizo informes sobre los 11 países en los que está el BBVA, relativos a los riesgos para sus empleados. Precisamente, en el juzgado existe una pieza relativa a las presupuestas tareas de espionaje realizadas por Villarejo a la entidad bancaria en plena operación con la constructora Sacyr. Unas tareas bajo la etapa del presidente Francisco González (2000-2018) y por las que pudo percibir unos diez millones de euros.

En la pieza Pit, el juez impuso este lunes a Antonio Bonilla una fianza de 15.000 euros, retirada de pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición de salir del país. A otros dos investigados, José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario, y Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, las mismas medidas cautelares pero sin fianza. El hijo de Villarejo facilitó «teléfonos de seguridad» a los implicados en este encargo porque su padre creía que el CNI les escuchaba, según el auto.