«Si yo renunciara en este momento, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo y solo provocaría mi estigmatización no ya política, sino personal; soy consciente, sé lo que es un apestado político». Así lo proclamó un José Luis Ábalos ya ... en caída libre el 27 de febrero, cuando desafió en la sala de prensa del Congreso a Pedro Sánchez reteniendo su escaño y pasándose, con armas y bagajes, al concurrido Grupo Mixto. «El jefe», la denominación con que la trama corrupta se refiere al exministro en la información recopilada por la UCO, frente «al 1», la referencia en clave de Sánchez que utilizaban los encausados para referirse a él sobre las reuniones, a las que también asistió la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, para rescatar Air Europa. Ábalos es importante para el Gobierno y el PSOE: por la bomba de relojería que representa su casi segura imputación; por que pueda tirar de la manta aunque en el partido digan que no hay manta; y, también, porque su voto pesa en una frágil mayoría gubernamental al albur de los humores de Junts y de los intereses del resto de los socios.
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Hasta ahora, el ex número tres de los socialistas se ha mantenido fiel a su partido, al que pidió hace unos días el reingreso al considerar que no hay razón estatutaria para apartarle de la militancia. Fiel, o casi. Porque a la vuelta del verano, Ábalos moduló su posición en un par de votaciones a modo de advertencia por la señaladora auditoría encargada por el nuevo titular de Transportes, Óscar Puente, que ha cortado ya varias cabezas por el 'caso Koldo'. Esa inspección interna, que Ábalos cree poco menos que ilegal, constata entre otras cosas que una orden ministerial duplicó en 38 minutos el 20 de marzo de 2020, de cuatro millones de unidades a ocho, una compra de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.
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El jueves no fue el informe de la UCO lo que primero desarboló el hasta ahora 'caso Koldo'. Fue la decisión del juez Ismael Moreno de dirigirse al Congreso para que le deje constancia de que Ábalos es diputado, el paso previo para elevar la causa, por su aforamiento, a la Sala de lo Penal del Supremo y que ésta requiera a la Cámara el suplicatorio para poder investigar al exministro. El Reglamento consagra que los parlamentarios solo podrán ser detenidos en caso «de flagrante delito» y que su inmunidad implica que serán inculpados y procesados si el Congreso lo autoriza. Recibido el suplicatorio judicial, la Presidencia del Legislativo lo remitirá, con acuerdo de la Mesa, en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Esta deberá pronunciarse en un máximo de 30 días y tras audiencia al afectado, antes de ir a pleno.
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