El valor del escaño de Ábalos en una mayoría volátil y un mes para conceder el suplicatorio a la justicia

Hasta ahora, el ex número tres de los socialistas se ha mantenido fiel a su partido, al que pidió hace unos días el reingreso al considerar que no hay razón estatutaria para apartarle de la militancia. Fiel, o casi. Porque a la vuelta del verano, Ábalos moduló su posición en un par de votaciones a modo de advertencia por la señaladora auditoría encargada por el nuevo titular de Transportes, Óscar Puente, que ha cortado ya varias cabezas por el 'caso Koldo'. Esa inspección interna, que Ábalos cree poco menos que ilegal, constata entre otras cosas que una orden ministerial duplicó en 38 minutos el 20 de marzo de 2020, de cuatro millones de unidades a ocho, una compra de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

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El jueves no fue el informe de la UCO lo que primero desarboló el hasta ahora 'caso Koldo'. Fue la decisión del juez Ismael Moreno de dirigirse al Congreso para que le deje constancia de que Ábalos es diputado, el paso previo para elevar la causa, por su aforamiento, a la Sala de lo Penal del Supremo y que ésta requiera a la Cámara el suplicatorio para poder investigar al exministro. El Reglamento consagra que los parlamentarios solo podrán ser detenidos en caso «de flagrante delito» y que su inmunidad implica que serán inculpados y procesados si el Congreso lo autoriza. Recibido el suplicatorio judicial, la Presidencia del Legislativo lo remitirá, con acuerdo de la Mesa, en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Esta deberá pronunciarse en un máximo de 30 días y tras audiencia al afectado, antes de ir a pleno.