El 'Unabomber' burgalés no es un terrorista ruso

Pese a que el pasado 22 enero The New York Times publicó que los ataques con carta bomba en España, ocurridos entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, fueron planeados por el Gobierno ruso y ejecutados por miembros del RIM, citando fuentes del servicio de inteligencia estadounidense (CIA) y de países europeos, la investigación abierta por el juzgado de la Audiencia Nacional ya manejaba información que desmentía de plano este extremo. Documentos confidenciales procedentes de las fuerzas de seguridad del Estado: Comisaría General de Información de la Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Es más, desde hace unos tres años estos organismos trabajan en conocer los vínculos del RIM con la extrema derecha española, por lo que no parten de cero.

Precisamente el 3 de enero, tres semanas antes de la detención del 'Unabomber' burgalés, también conocido como 'Peyo', en su casa de Miranda de Ebro (Burgos), el juez instructor José Luis Calama abrió una nueva línea de investigación dentro de las diligencias previas 120/2022 de 30 de noviembre. Una pieza separada declarada secreta para llevar a cabo una serie de pesquisas «de carácter tecnológico», anunció el magistrado sin dar mayor detalle.

Pues bien, según explican ahora fuentes de la Audiencia Nacional, el objetivo era analizar y cruzar los datos acumulados hasta la fecha por los investigadores sobre el sospechoso. Una información obtenida gracias sobre todo a la intervención judicial de sus comunicaciones: telefonía personal, direcciones IP del material informático que había usado en las últimas semanas –hasta ocho equipos externos–, correo electrónico cifrado y mensajería instantánea, en busca de posibles vínculos con grupos terroristas o paramilitares que combaten junto al Ejército ruso en la guerra de Ucrania.

Y en este abanico también se rastreó la posible conexión de 'Peyo', el funcionario que trabajó como enterrador para el Ayuntamiento de Vitoria hasta 2013, con el RIM. Un grupo anticomunista que promueve el nacionalismo étnico ruso mientras busca alimentar el extremismo supremacista blanco en Occidente. Está liderado por Stanislav Voroviov, de 62 años, y brinda capacitación paramilitar a sus colaboradores desde sus bases en San Petersburgo. El brazo armado del RIM, la Legión Imperial, creado en 2008, combatió activamente en la anexión ilegal de Crimea en 2014 y ahora en la invasión de Ucrania.

Entre otras pesquisas, los investigadores corroboraron que el acusado por delitos terroristas –recoge el auto de prisión que pretendió «alterar gravemente la paz pública» con el envío de los sobres incendiarios, entre otros, a Presidencia del Gobierno y las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid– utilizó aplicaciones de mensajería instantánea, como la contenida en la red social VK, el llamado 'Facebook ruso', y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (Protonmail). Un indicio que fue utilizado por la Fiscalía para alertar sobre el riesgo de fuga a Rusia o la posible ayuda que pudieran prestarle ciudadanos de ese país para huir de España.

Sin embargo, un análisis preliminar sobre el uso de estos medios tecnológicos concluyeron que «en el actual estado de las actuaciones no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno», según afirma el juez Calama en su auto de prisión de 27 de enero. Una resolución que supuso también el levantamiento del secreto de la pieza secreta abierta el 3 de enero anterior, según confirmó un portavoz de la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, todos los datos acumulados hasta ahora en la causa descartan la versión de The New York Times sobre la vinculación de Pompeyo González con el RIM ruso. Es más, los investigadores mantienen que actuó como una suerte de 'lobo solitario' con el objetivo de influir en la posición de España como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa. Es decir, con la intención de obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse. Una finalidad que aparece reafirmada por el contenido de las páginas webs de medios rusos generalistas consultadas por el acusado, según el juez.