El 'Unabomber' no era un espía del Kremlin sino un jubilado de Burgos

El hombre que ha tenido en vilo a las fuerzas de seguridad durante dos meses fue arrestado en plena vía pública, en el marco de la 'operación Konvert' (sobre postal el ucraniano). Los agentes de los Tedax y la Policía Científica, acompañados del detenido y con ayuda de perros detectores de explosivos, procedieron a la entrada y registro de su domicilio, en donde vivía solo (no tiene ni pareja ni hijos) , en la calle Clavel, en el barrio de la Charca, de la capital mirandesa.

Los agentes, que también buscaron pruebas en su vehículo estacionado en plena calle, están convencidos de que en la vivienda de la calle Clavel se confeccionaron los artefactos. De hecho, en la casa se halló más material para fabricar cartas deflagrantes, que, según los investigadores, el detenido pretendía deshacerse en breve, uno de los motivos por los que se aceleró su captura sin demasiados días de seguimientos previos.

Los funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía, que la acusan de la totalidad de los envíos, creen que actuó solo y de forma autodidacta aunque todavía no se descarta que terceras personas conocieran o ayudaran al arrestado.

«Era una persona muy activa en redes sociales y tiene conocimientos técnicos (es muy aficionado al aeromodelismo) e informáticos», explicaron mandos de los servicios antiterroristas que, por ahora, no han encontrado ningún vínculo del arrestado con el espionaje ruso, tal y como apuntaban los servicios secretos de Estados Unidos, según publicó esta semana The New York Times, que citaba fuentes de la Administración de aquel país. El periódico aseguró que detrás de los envíos estaba el Movimiento Imperial Ruso, un colectivo de ultraderecha que cuenta con miembros, asociados e infraestructura por casi toda Europa y también en España y que supuestamente estabas patrocinado por el Kremlin.

Eso sí, P.G.P. -explican mandos de la lucha antiterrorista- es un «nostálgico» de la Unión Soviética y seguidor por internet de conocidos canales de 'información alternativa', que ensalzan la ofensiva rusa y la figura de Putin, al tiempo que critican a los países occidentales.

Desde el principio, la Brigada de Información de Madrid centró sus pesquisas en algún residente en Castilla y León, ya que la cartas llegaron, desde una provincia limítrofe, al centro logístico de Correos en Valladolid, desde fueron reenviadas a sus destinos. De hecho, la investigación ha confirmado que todas las misivas se remitieron desde Burgos.

La otra pista clave para llegar al jubilado fueron los sellos usados, ya que se trataban de una edición conmemorativa con la imagen del Monte Santa Trega, en Pontevedra, de 2,70 euros, de solo 135.000 unidades y que solo fue distribuida en algunas de las principales oficinas de Correos el pasado 24 de abril.

La tercera línea que desembocó en el septuagenario de Burgos fueron los sobres que usó en sus envíos. Todos ellos, idénticos, tenían un troquelado autoadhesivo muy particular y solo los fabrica una empresa que los vende por internet.

El cotejo de la bases de datos de esta firma con el visionado de las oficinas de Correos donde se vendió la serie limitada de sello se convirtió en determinante en el desenlace de esta 'operación Konvert', según mandos de la investigación.

Lo que no arrojó ninguna pista relevante fue la intensa investigación de la Comisaría General de Información y la Policía Científica sobre el material usado en las cartas bomba. La sustancia deflagrante era de origen pirotécnico, que se puede adquirir en multitud de establecimientos.

El primero de los envíos tuvo lugar el 24 de noviembre y el destinatario fue Pedro Sánchez. La carta fue detectada por los servicios de seguridad de Presidencia, pero Interior no desveló el hallazgo hasta que se supo que formaba parte de una campaña más amplia de misivas.

El 30 de noviembre se recibió una segunda carta en la embajada de Ucrania en Madrid y causó rasguños en un dedo a un empleado de la legación diplomática. Posteriormente, se fueron detectando, sin llegar a explosionar en ningún momento, misivas explosivas en la empresa de armamento Instalaza, con sede en Zaragoza, que fabrica los lanzagranadas que España está enviando en apoyo del ejército ucraniano; la sede del Ministerio de Defensa, la base área de Torrejón de Ardoz; y la embajada de Estados Unidos en Madrid. Los servicios de Información de la Policía Nacional concluyeron entonces que los paquetes se habían remitido desde España.

El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas, acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico. Está previsto que el detenido pase el próximo viernes a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, tras ser interrogado durante 48 horas en el centro policial de Canillas, en Madrid, a donde fue trasladado este miércoles.

Fernando Grande-Marlaska felicitó a la Policía Nacional por la «profesionalidad» y «dedicación» que han desembocado en la captura del sospechoso. «Hay que proteger razonablemente la investigación para que concluya satisfactoriamente. Podemos estar al día de hoy y en este momento razonablemente satisfechos de su desarrollo», explicó el ministro del Interior.