La UCO, la élite de la investigación en la Guardia Civil

Dedicados en cuerpo y alma a su trabajo policial, están considerados la élite del instituto armado por las numerosas operaciones que realizan con gran éxito cada año. Investigan homicidios y secuestros por toda España y en otros países, mafias de trata de personas, redes de narcotráfico, robos del patrimonio histórico, arqueológico y subacuático, fraudes y otros delitos cometidos por organizaciones criminales; desarticulan grupos dedicados a la sustracción de vehículos de alta gama, tráfico de sustancias dopantes y medicamentos, estafas a través de internet; y también buscan y apresan a fugitivos extranjeros en España.

De la detención de Joaquín Ferrándiz, el asesino de cinco mujeres en la provincia de Castellón en los años 90, a la liberación de la farmacéutica de Olot o la recuperación del tesoro expoliado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, los servicios meritorios de esta unidad son innumerables.

Los agentes de la UCO también recuperaron el códice del Beato de Liébana, detuvieron a El Solitario, el atracador de bancos más buscado de la historia de España, buscaron los cadáveres de Yéremi Vargas y Marta Calvo, y esclarecieron los crímenes del alcalde de Fago, Diana Quer y Gabriel Cruz, entre otros.

Formar parte de esta unidad no es fácil. Los mandos eligen a los mejores investigadores de las unidades de Policía Judicial y luego tienen que pasar numerosos exámenes y pruebas psicológicas. El proceso de selección dura varios meses. La media de edad supera los 35 años, algo mayor que en el resto de unidades de la Guardia Civil, y son los únicos que tienen un club de fans oficial con web incluida.

En la última década, la Guardia Civil potenció las unidades de la UCO dedicadas a la investigación de delitos que provocan una gran alarma social, como la corrupción y la delincuencia económica, pero los delitos de sangre, los que causan la muerte violenta o heridas graves a las personas, siguen siendo los que más preocupan a los investigadores y a los ciudadanos.

La Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la UCO se encarga de investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con este tipo de delitos. «Nuestra principal premisa ante un secuestro es la preservación de la vida y de la integridad física de la víctima con el objetivo principal de su liberación», afirma un mando de la UCO.

«Nuestros equipos están formados por guardias civiles con una elevada experiencia profesional y una formación en negociación con delincuentes en momentos críticos y también en el asesoramiento a familiares», añade el investigador. Algunos son economistas, psicólogos o licenciados en Derecho, pero los perfiles son muy variados y se distinguen por su olfato policial y su esmero en el trabajo.

Debido a la gran movilidad de las organizaciones criminales, la UCO tiene equipos contra el crimen organizado (ECO) en Alicante, Málaga, Pontevedra, Baleares y Canarias, pero a veces se desplazan a estas provincias para apoyar a las unidades territoriales. También realizan investigaciones en el extranjero.

Los agentes de la UCO cuentan con los mejores medios (furgonetas camufladas, localizadores GPS, drones, visores nocturnos y otros aparatos de última tecnología) y se infiltran en organizaciones criminales para desarticularlas.

En algunos casos reciben el apoyo de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD), adscrita a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que está formada por expertos en Psicología y Criminología. Estos especialistas elaboran los perfiles criminales en los casos más complejos.

El Grupo de Delitos contra la Administración tiene expertos en urbanismo, subvenciones y contratación pública para las investigaciones relacionadas con la corrupción política, los delitos económicos y la ordenación del territorio.

En los últimos 15 años, la UCO ha investigado más de 200 casos de corrupción en España con el apoyo de las unidades territoriales de Policía Judicial. Sólo la 'macrocausa' de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía se saldó con más de 200 imputados.

Los agentes anticorrupción del instituto armado realizan cursos de investigación judicial económica y se reciclan continuamente, muchas veces con la formación de especialistas del Tribunal de Cuentas o del Instituto de Estudios Fiscales.