Trevijano «salva» al Constitucional del abismo tras la pinza progresista

Según fuentes consultadas del TC, el presidente apoyó primero la necesidad de retrasar el comienzo del cónclave -previsto a las 10 de la mañana- que debe decidir sobre la paralización de la reforma que tramita PSOE y Unidas Podemos y que afecta a la renovación misma del TC, pendiente desde junio pasado.

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Las dos horas de margen que dio, luego sería tres, antes de empezar la sesión permitió la entrada a tiempo de los escritos de PSOE, Unidas Podemos y Vox que fueron registrados en la corte, en cumplimiento de la tutela judicial efectiva. Fueron peticiones de personación, solicitud de recusación de dos magistrados -el propio Trevijano y el conservador Antonio Narváez- o la interposición de otro recurso de amparo por parte de Vox en continuidad al de PP, germen de todo, pero sin solicitar medidas cautelarísimas (urgentes) para paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas.

Trevijano accedió a la petición personal del vicepresidente de la corte, Jose Antonio Xiol, que actuó en nombre de los otros cuatro magistrados progresistas: Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, Concepción Balaguer y Ramón Sáez Valcárcel. Esta demora no solo permitió la intervención en el procedimiento de los dos partidos directamente afectados por el recurso del PP, sino que sirvió a este bloque minoritario (los conservadores suman seis, uno más) para reunirse y acordar una respuesta conjunta en el pleno.

Bajo la atenta mirada del presidente, estos solicitaron en seguno lugar el aplazamiento de la sesión para tener «el tiempo indispensable» para un estudio completo del asunto, «a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad del recurso y de la relevancia de la decisión». A continuación, suscribieron una frase definitiva para que Trevijano tomara una decisión: «Todas estas circunstancias nos imposibilita poder participar en la deliberación y votación», avisaron.

Esta fue una forma de decir que el bloque progresista amenazó con levantarse de la mesa si se votaba la petición del PP. Lo hicieron sabedores, además, de que su posición de fuerza anulaba la decisión que tomara el pleno, ya que la ley exige un quórum de dos tercios (ocho de los 11 magistrados) para aprobar sus resoluciones. Las fuentes consultadas recordaron, no obstante, que aunque el Gobierno ganó tiempo con este movimiento en el TC, una admisión el lunes de las cautelarísimas sí afectaría a la suspensión de la tramitación de las enmiendas en el Senado.