El Constitucional elude 'in extremis' el choque con el Congreso bajo una tensión extrema

La posibilidad de que el Constitucional acepte las medidas cautelares solicitadas el miércoles por el PP a través de un recurso de amparo y suspenda la tramitación de esas enmiendas sigue aún en pie, pero de producirse afectará ya al Senado, donde está previsto que la iniciativa termine la semana próxima su periplo parlamentario. El pleno del tribunal, que había sido convocado de urgencia para las diez de la mañana, quedó suspendido hasta el lunes próximo después de que los cinco magistrados progresistas del órgano solicitaran su aplazamiento (en un primer momento solo por dos horas) para poder analizar escritos del PSOE, Unidas Podemos y Vox, que en el caso de los morados incluye, además, la recusación del propio Trevijano y de Antonio Narváez.

El aplazamiento evitó un choque institucional inédito. Nunca un grupo parlamentario con representación en las Cortes Generales había recurrido al Constitucional para que paralizara una norma en tramitación. El único precedente que puede encontrarse es, salvando las distancias, el recurso presentado con éxito por el PSC en octubre de 2017 para suspender un pleno del Parlament en el que Carles Puigdemont tenía previsto anunciar los pasos que se disponía a dar para declarar la independencia de Cataluña tras el 1-O.

En una Cámara baja en la que la crispación y la bronca se han convertido en la tónica general, la eventualidad de que un tribunal de garantías, que, además, tiene a cuatro de su miembros -Trevijano, Narváez, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares- con el mandato caducado desde junio, hiciera historia impidiendo la reforma sorpresa diseñada por el Gobierno y respaldada por sus socios elevó la tensión al máximo.

Las acusaciones de golpismo volaron de un extremo al otro del arco parlamentario, tanto en el hemiciclo, ya durante el debate, como en las horas previas. «Estamos atravesando una situación que le debe preocupar al conjunto de la ciudadanía y espero que no se materialice un atropello a la democracia», llegó a decir la número dos del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras criticar la convocatoria del pleno extraordinario por parte del Constitucional. Horas después, conocida ya la noticia del aplazamiento, el portavoz de su partido que defendió la reforma, Felipe Sicilia, elevó aún más el tono desde la tribuna. «Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno con tricornios -dijo en alusión al golpe de Estado del 23-F-. y hoy la derecha ha vuelto a querer parar un pleno con togas, pero no lo ha conseguido porque nuestra democracia es fuerte».

El Gobierno argumenta que el Legislativo está en su derecho de «defenderse» del «secuestro» al que el PP está sometiendo a dos instituciones clave para la democracia con su negativa a renovar el CGPJ, que lleva cuatro años en funciones, y que es su obligación que esos órganos «reflejen» las actuales mayorías parlamentarias. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, replicó que no niega la potestad del Parlamento para cambiar las leyes del TC y del órgano de gobierno de los jueces, pero defendió que debe hacerlo «con garantías».

El recurso del primer partido de la oposición -que, al igual que Cs, decidió no participar en la votación de ayer- se basa en la supuesta violación de los derechos fundamentales de sus diputados, como representantes de la ciudadanía. El PP alega que la mayoría del Congreso pretende cambiar la Constitución «por la puerta de atrás» mediante un «procedimiento fraudulento» en el que no se ha permitido el debate.

Al presentar su reforma como enmienda y no como proyecto de ley del Ejecutivo, se sortean los informes de órganos consultivos como el propio CGPJ o el Consejo de Estado, el debate de totalidad y la posibilidad de hacer modificaciones. Pero, además, la tramitación de la reforma del Código Penal de la que cuelga la enmienda se ha hecho por vía de urgencia. Desde el pasado viernes en el que PSOE y UP registraron el texto hasta este jueves han pasado tan solo cinco días de actividad parlamentaria. El debate en ponencia apenas duró 50 minutos y el de la comisión poco más de una hora.

Es verdad que la poco ortodoxa fórmula empleada por el Gobierno no es una innovación. El propio PP la ha utilizado en no pocas ocasiones. Pero también es cierto que el Constitucional ha advertido muchas veces de lo inadecuado del procedimiento, aunque siempre lo haya hecho a toro pasado y nunca haya anulado leyes en vigor. En 2011, aun así, sí dio la razón a los senadores socialistas que, con argumentos similares a los ahora empleados por el PP, recurrieron la creación del delito de convocatoria de referéndums ilegales ideado por el Gobierno de Aznar para frenar el 'plan Ibarretxe' mediante una enmienda a la Ley de Arbitraje de 2003. Para cuando lo hizo, sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había derogado la norma hacía seis años.