Feministas del PSOE activan una iniciativa para expulsar del partido a los puteros

Tras un Consejo de Ministros extraordinario en el que el Ejecutivo enarboló la bandera contra la trata de mujeres y en plena actualidad del 'caso Koldo', socialistas como Adriana Lastra -ex numero dos de Ferraz, Susana Díaz -expresidenta de Andalucía- y otras históricas de la izquierda como Ángeles Álvarez o Rosa Aguilar impulsaron una iniciativa para exigir un cambio en el código ético del PSOE que incorpore el rechazo explícito al negocio de la prostitución. Aunque el texto no hace referencia explícita a ningún nombre concreto, distintos cargos socialistas se han visto salpicados en los últimos años con escándalos relacionados con la prostitución, sobre la que los socialistas abogan por el abolicionismo. Desde el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni' -implicado el 'caso mediador'- y la trama de los ERE de Andalucía hasta el propio exasesor de José Luis Ábalos, que trabajó como portero de un prostíbulo. El manifiesto suscrito exige que se aparte del PSOE a todo aquel que «solicite, acepte u obtenga» recompensa sexual a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea.

Pero más allá del principal partido del Gobierno, la celebración del Día Internacional de la Mujer abrió un nuevo frente de confrontación con acusaciones cruzadas en torno al feminismo. Desde Chile, Pedro Sánchez reprobó las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que ésta se preguntaba «cuándo se celebra el día del hombre» y le indicó que si ocupa su cargo es, también, como «consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres».

Palabras a las que Ayuso no tardó en responder acusando al líder del Ejecutivo de darle «lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer» y recriminarle que haya roto «la igualdad de los españoles (hombres y mujeres) con una amnistía a golpistas y corruptos». Y le reprochó ser «el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales», en referencia a la polémica ley del 'solo sí es así' que aprobó el ministerio de Igualdad de Irene Montero en la anterior legislatura y que tuvo que ser reformada con el apoyo del PP.

Precisamente, los populares recurrieron a los desafortunados efectos de esta norma para cargar contra Sánchez. Primero, con un vídeo en redes acusando al líder socialista de beneficiar a agresores sexuales. Y después fue el propio Alberto Núñez Feijóo el que criticó el resultado de las políticas de igualdad y acusó al Ejecutivo de «malversar la idea de feminismo para enfrentar a la sociedad en una reivindicación justa que han convertido en la argamasa de un muro». El Gobierno también arremetió a su vez contra el PP y su líder, al que reprochó que haya «encontrado la horma de su zapato» en Vox. «El PP nunca ha estado a favor de los derechos de las mujeres», zanjó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El Ejecutivo aprovechó el 8 de marzo para lanzar una batería de nuevas medidas a fin de fomentar la paridad entre hombres y mujeres. Entre ellas destaca el anteproyecto de ley integral contra la trata que quedó pendiente la anterior legislatura. La norma tiene como principal novedad la protección de las víctimas del tráfico sexual con independencia de su nacionalidad desde el primer momento y acompañarlas en su inserción laboral en el país. «Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización de las víctimas», explicó Redondo.

La norma contempla una «autorización provisional con permisos de residencia y trabajo» en tanto se certifica la condición de víctima de trata. La cuestión más relevante es que se pretende desligar la denuncia de la protección, «pese a que la mujer no pueda o no se decida a denunciar desde el primer momento», especificó.

También se presentaron las nuevas modificaciones del sistema VioGén para mejorar la experiencia relacionada con la violencia machista. En función del riesgo, el mecanismo se podrá mantener activo incluso hasta un año después de que el agresor haya cumplido su condena. Para decretar la inactivación de un caso, los agentes tendrán que reunirse físicamente con la víctima y comprobar que no se haya producido nuevas amenazas por parte del maltratador. También se crea una nueva modalidad, «inactivación supervisada», para casos de alta complejidad; entre ellos, con presencia de menores.

El Gobierno también flexibilizará los requisitos para que las víctimas de violencia de trata accedan al Ingreso Mínimo Vital. A partir de ahora, en lugar de considerarse contingencias comunes, como una gripe, se asimilarán a las bajas laborales por accidente de trabajo a efectos de la Seguridad Social.