El Supremo notifica la suspensión del cargo de los seis diputados de JxCat y ERC

Está por ver ahora qué decide la Mesa de la Cámara catalana. El jueves, aprobó encargar un informe jurídico a los letrados del Parlamento para que dictaminen cómo debe aplicarse el auto del juez Llarena. Los grupos constitucionalistas consideran que el auto es de aplicación inmediata. En cambio, los independentistas proponen someterlo a la votación del pleno y que sean los 135 diputados los que tengan la última palabra.

Tras recibir la notificación, Roger Torrent afirmó que hará «todo lo que esté a su alcance para defender los derechos de los diputados» y señaló que en cuanto tenga el informe jurídico tomará una decisión. No fue tan lejos como JxCat y la CUP, que amenazan con desobedecer al Supremo y mantener la delegación del voto de los parlamentarios suspendidos.

Los grupos secesionistas, en cualquier caso, tratan de defenderse jurídicamente. El abogado de Turull, Sànchez y Rull anunció ayer que ha presentado un recurso ante el Llarena contra su auto de suspensión.

Según el letrado, la suspensión podría causar «perjuicios desproporcionados» a los electos y sus votantes y pide que si se estima el recurso, mientras se resuelve, se permita a los diputados mantener el voto por delegación. Los tres diputados de JxCat ya han avisado que no tienen intención de renunciar a sus actas.

El expresidente de la Generalitat tampoco. Puigdemont pidió también ayer al Supremo que anule su suspensión. El exjefe del Ejecutivo catalán alega que su caso no cumple «ninguno de los requisitos» establecidos en la ley para llevar adelante la inhabilitación.