El Govern y los presos reclaman a la Fiscalía retirar los cargos por rebelión

Por ello, los abogados de los nueve dirigentes secesionistas que están presos en cárceles catalanas y el Ejecutivo autonómico emplazaron ayer al Ministerio Público a que aproveche la ventana de oportunidad que a su juicio se ha abierto para corregir su posición en el proceso judicial contra los líderes secesionistas y revise la acusación por rebelión. Los letrados solicitarán además a la Sala de lo Penal del Supremo que excarcele a los procesados.

El secesionismo está crecido tras la decisión del tribunal del Estado alemán de Schleswig-Holstein de entregar al expresidente de la Generalitat solo por el delito de malversación. La lectura que hace el soberanismo de la resolución es que la justicia alemana ha tumbado el delito de rebelión y en consecuencia se ha desmontado la base de la acusación contra el resto de dirigentes procesados. Los abogados de los presos estiman que no hay caso y que, como mucho, podrían admitir el delito de desobediencia.

La Fiscalía aún debe presentar el escrito de calificación, después de que el juez Pablo Llarena haya dado por concluida la instrucción de la causa y a la espera de que la Sala de lo Penal del Supremo decrete la apertura del juicio oral. Es ahí donde los secesionistas consideran que sería un «buen momento» para que la Fiscalía aproveche la «oportunidad» para dar un «giro» en su postura hacia los encausados, según afirmó ayer la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, habló de ocasión de «oro». Y los abogados de los dirigentes presos «invitaron» al Ministerio Público y los jueces del Supremo a mover su posición

«La resolución alemana da pie a que la justicia española haga una reflexión y pueda haber un cambio», aseguró ayer Marina Roig, letrada de Jordi Cuixart. «La decisión germana no debería tener consecuencia directa en términos legales, pero sí debería mover a una reflexión», añadió Xavier Melero, letrado de Joaquim Forn. En esta línea, Jordi Pina, representante legal de Rull, Turull y Sànchez, cree que la decisión del tribunal alemán «abre una puerta». Y el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, emplazó al Ministerio Público a que agarre esta «oportunidad y recupere así el prestigio que está perdiendo internacionalmente» con la retirada de la «acusación desproporcionada» que a su juicio supone el delito de rebelión. «El tribunal alemán desmonta esa imputación, lo cual da un margen mucho mayor a la fiscal general del Estado. Le facilita mucho las cosas», afirmó el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas en Rac-.1. El letrado añadió que «la resolución le impone un margen de actuación a la nueva fiscal general del PSOE y ahora retirar las imputaciones por rebelión y sedición prácticamente es obligado».

Las defensas hablan en términos jurídicos, pero obvian la presión que tendría que soportar el Gobierno central por parte de Ciudadanos y PP, que solo por aprobar el acercamiento de presos a cárceles catalanas ya fue acusado de venderse a los secesionistas y de pagar favores ocultos a cambio del apoyo en la moción de censura.

Sin la acusación de rebelión, los abogados creen que sus clientes deberían salir de prisión de inmediato y poder encarar el juicio, previsto para el otoño de este año, en libertad. Los abogados de los nueve dirigentes secesionistas que están presos comparecieron ayer juntos en Barcelona no solo para reclamar la libertad de sus defendidos, sino para dar una imagen de unidad, después de que estos días haya trascendido que alguno de ellos podría estar negociando con la fiscalía, lo que abrió fisuras en el frente judicial secesionista. El que pacte será un traidor, llegó a afirmar uno de los letrados que no compartía la estrategia.

Para salir al paso de las especulaciones, los letrados de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn aseguraron que no tienen nada que negociar con la Fiscalía, porque no creen que sus clientes hayan cometido delito alguno. También negaron que hayan asesorado legalmente al presidente de la Generalitat, que podría haber abordado la situación de los presos en su reunión del lunes pasado con el presidente del Gobierno en la Moncloa.