El Supremo pide el suplicatorio al Congreso para investigar a Ábalos por cuatro delitos

Según el instructor, su testimonio autoexculpatorio durante tres horas no ha desmontado en absoluto los «indicios bastantes» que ya existía en el procedimiento para acusar el exnúmero 3 del PSOE de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El magistrado insiste en su resolución en que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» de la posible participación de Ábalos en la trama que supuestamente dirigía Víctor de Aldama hacen «imprescindible» indagar sobre la actividad propia del aforado, al menos como beneficiario de este grupo, cuando no partícipe. Básicamente, el juez sigue sosteniendo -a pesar de la negativa rotunda del exministro- de que éste se dejó corromper, al menos, por el uso de tres inmuebles para él, su entonces novia o su familia en Madrid y en Cádiz.

El instructor en esta resolución enviada al Congreso se refiere exclusivamente a los indicios del origen de esta causa (los contratos para material sanitario) sin entrar en las últimas acusaciones de Víctor de Aldama contra Ábalos, imputándole también haber participado en el amaño de decenas de obras públicas por toda España a cambio de mordidas.

Sostiene Puente que las declaraciones de los tres encausados en el supremo por la red corrupta (el propio exministro, De Aldama y Koldo García) y los documentos que ya obra en la causa que venía instruyendo en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno en el marco del 'caso Koldo' tienen ya suficiente peso para «considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del covid-19». El juez especifica que las adjudicaciones bajo sospecha son «la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».

La resolución explica con detalle el supuesto 'modus operandi' de la trama y el papel en ella de cada uno de los implicados, incluido el aforado, para convencer a la cámara baja de que dé su visto bueno a la investigación contra Ábalos. Afirma el juez que fue De Aldama, quien «aprovechando la relación personal que le unía con el aforado y con quien era entonces uno de sus asesores, Koldo García (…) habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia». Esta información privilegiada permitió al cabecilla de la red corrupta «articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L.» En ese punto, no obstante, el juez deja la posibilidad de Víctor de Aldama pusiera haber repetido este procedimiento de la información privilegiada en «otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional».

«Koldo García intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización», detalla el texto remitido al Congreso, que subraya que Ábalos también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado», indica la resolución.

La resolución recuerda que José Luis Ábalos prestó declaración voluntaria ante el instructor, «viniendo a negar, en sustancia, la percepción de cantidad económica alguna como consecuencia de la adjudicación de los referidos contratos concertados para la adquisición de determinado material sanitario en el contexto de la pandemia del Covid-19 y de cualesquiera otros vinculados con la adjudicación de obra pública, lo que, naturalmente, no se aviene con los indicios ya mencionados y que se concretan en diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada».

Pero el magistrado insiste en que no le cree y afirma que ya en este momento de la instrucción «aparece indiciariamente justificado» que el exmano derecha de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno «pudiera haberse beneficiado económicamente» con el pago por parte de De Aldama «o de personas terceras por él interpuestas», de los «alquileres» de «la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental de aquél»; del «chalet en la costa» (de La Alcaidesa, en la Línea de la Concepción); y «de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, contrato en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), para el caso de que se ejercitara la opción, aparentemente muy inferior al de mercado».