El Supremo abre causa contra Ábalos al ver indicios de cuatro delitos en el 'caso Koldo'

Según la resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el que fuera titular de Transportes entre 2018 y 2021 está investigado por la presunta comisión de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Este último delito no aparecía especificado en la exposición razonada remitida por el juez de la Audiencia Nacional.

Respecto a las personas no aforadas incluidas en las diligencias que instruye Moreno, caso del asesor del ministro Koldo García o el empresario Víctor de Aldama, la Sala de Admisiones señala que el procedimiento deberá continuar en la Audiencia Nacional, y que la extensión de la competencia «solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados respecto a la persona aforada».

Cabe señalar, por lo tanto, que de momento no se aprecia esa conexión con los elementos indiciarios remitidos por el juez, pese a que se estén investigando delitos de organización criminal y tráfico de influencias, para los que se requiere la participación de dos o más personas. En este sentido, el auto se cura en salud y dispone que el juez Moreno remita a su colega del Supremo Leopoldo Puente, designado instructor de la causa contra Ábalos, «cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada».

Tras hacer un resumen del contenido de lo hechos remitidos por el juez Moreno, la Sala destaca que los indicios delictivos contra el que fuera secretario de Organización del PSOE hasta su cese en julio de 2021 se vertebran en tres apartados: la «compensación económica» que supuso el uso y disfrute de un chalet en Cádiz a cambio de la adjudicación «al más alto nivel ministerial» de la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, administrada por De Aldama.

«Existen múltiples evidencias de que Ábalos usó la vivienda hasta octubre de 2021, llegando incluso a tener la competencia para ponerla en alquiler y poder obtener así un rendimiento económico de la misma», según los indicios contenidos en los dispositivos electrónicos incautados a los investigados y que han sido detallados por los informes judiciales de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil.

En segundo lugar, «los pagos correspondientes al contrato de alquiler en un apartamento sitio en el edificio conocido como Torre de Madrid que era utilizado por una persona, Jéssica Rodríguez, con la que el aforado se encontraba , al parecer, relacionado». Esta persona trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del ministerio y había formado parte del grupo de personas que acompañaron al ministro en viajes oficiales, contabilizándose 16 vuelos a distintas localidades, nacionales y extranjeras, sufragadas con cargo al erario público«.

En la exposición razonada, continúa, se relacionan estos pagos realizados por las personas investigadas, pertenecientes a la organización, «en interés y beneficio» de Ábalos. Y en tercer lugar, el escrito de Moreno incluye «otras actuaciones de intermediación y gestión de intereses de la presunta trama referidas a otras actividades que deben ser investigadas», concluye el auto del Supremo sin dar más detalles.