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M. Santiago
Miércoles, 14 de diciembre 2022, 12:42
El presidente del Gobierno y varios de sus ministros habían situado en el Tribunal Supremo la decisión sobre qué hacer con la ley del 'solo sí es sí' que está provocando el efecto indeseado de rebajar las penas a condenados por abusos y agresiones sexuales ... al aplicarseles la nueva normativa, más beneficiosa para ellos. Pues bien, si la primera sentencia del alto tribunal que afectaba a los procesados por el caso de la Arandina ya apuntaba a una forzosa atenuación de las condenas, el argumento del fallo conocido hoy no deja lugar a dudas: los magistrados de la Sala de lo Penal determinan que esas ventajas punitivas que permite la ley son de «obligado cumplimiento».
En su veredicto sobre dos exjugadores de la Arandina, el Supremo les endureció las penas por haber violentado a una menor elevándolas a 9 años al retirarles varias atenuantes. Pero el tribunal ya constató al emitir su fallo que ese castigo podría haber alcanzado hasta los diez años de no tener que aplicar los beneficios de la ley promovida por el Ministerio de Igualdad y el principio de 'in dubio pro reo'. Aunque se precisan dos resoluciones para sentar la jurisprudencia a la que el Gobierno había condicionado algún reajuste técnico en la norma, la literalidad de la sentencia difundida ahora no deja lugar a dudas sobre cuál es la interpretación del Supremo.
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En estos momentos superan el medio centenar ya los condenados que han visto suavizada su pena gracias a la ley del 'solo sí es sí', de los cuales algo más de una decena han sido excarcelados. Ayer, el PSOE y Unidas Podemos introdujeron una enmienda en la tramitación de reformas más amplias del Código Penal para intentar parchear la grieta en la norma por la vía de tratar de que los distintos tribunales apliquen una disposición transitoria del Código de 1995. La maniobra pretende evitar un desaire al ministerio de Irene Montero evitando cambiar el articulado de la ley. Pero si este paso ya resultaba incierto en su voluntad de frenar el efecto contraproducente que está teniendo la nueva regulación, el contenido de la sentencia del Supremo sobre la Arandina acota al límite el margen del Ejecutivo para seguir sorteando una corrección más drástica.
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