El 'sudoku' de la reforma fiscal se le atraganta al Gobierno

El Ejecutivo se muestra de momento incapaz de vestir un santo sin desvestir otro. El PSOE -que había llegado a sendos acuerdos con Junts y el PNV por los que renunció a consolidar el impuesto extraordinario a las energéticas y aceptó concertar el nuevo tributo a la banca, para que el Gobierno vasco pueda bonificarlo- logró cerrar este lunes un pacto con Sumar que, entre otras muchas cosas, impone un IVA del 21% a los pisos turísticos e incrementa los impuestos sobre los bienes de lujo . Sin embargo, se vio obligado a retrasar la votación prevista en la Comisión de Hacienda del Congreso ante las reticencias de ERC, Bildu y Podemos.

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Que el jueves, cuando está prevista la nueva votación, el Ejecutivo haya logrado deshacer el nudo está por ver. Bildu y ERC insistieron este martes en que el impuesto a las grandes empresas energéticas debe mantenerse y advirtieron que de ahí «no se van a mover». También Podemos. Y el PNV tachó esa exigencia de «inviable» y se mostró crítico con parte de lo amarrado por los socialistas con Sumar (que, un día después, arguyó además que tampoco renuncia a ese gravamen). En concreto, el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, avisó de que su grupo no «dejará pasar» la supresión de la exención fiscal del Impuesto a las Primas de Seguros en el caso de los seguros sanitarios.

Junts fue menos contundente e incluso aseguró que algunas de las medidas acordadas por los dos socios de la coalición gubernamental no le parecen mal. Pero Antoni Castellà, vicepresidente de la formación, también defendió en SER Catalunya que, a su juicio, son propuestas con «un punto de demagogia y de retórica», que tendrán un impacto recaudatorio tan bajo que resultan más propagandísticas que eficaces, y dejó claro que no aceptará que se dé marcha atrás respecto al impuesto a las energéticas, cuyo mantenimiento, dijo, pondría en riesgo una inversión «importante» en Tarragona.

La reforma fiscal es una exigencia de la que podría depender el quinto pago de los fondos europeos, por valor de 7.000 millones de euros. Es cierto que el Gobierno lleva tiempo tratando de negociar con Bruselas que la dé ya por cumplida, aferrándose a decisiones tomadas a lo largo de los últimos años. Tampoco hay que descartar que la Comisión rebaje sus exigencias como consecuencia de la catástrofe valenciana. La semana pasada, por lo pronto, ya ofreció más margen de déficit para hacer frente a la situación.

Pero lo que sí debe hacer España si no quiere ser sancionada es trasponer ya la directiva para implantar un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales. De hecho, Bruselas ya abrió a principios del mes pasado un proceso ante los tribunales de la UE por incumplimiento de la norma. Y, precisamente, ha sido la negociación de esa ley la que se ha embarullado al tratar de incluir el Ejecutivo el compromiso adquirido por el PSOE con Sumar en el pacto de Gobierno, una reforma fiscal para que la banca y las grandes energéticas «contribuyan al gasto público».