Sánchez y sus socios dejan sola a Díaz con su propuesta de amnistiar el 'procés' desde 2013

Ejemplo de ello es la postura defensiva que Esquerra adoptó un puñado de horas antes de la convocatoria de Sumar al advertir a la coalición de izquierdas de que la amnistía es «un tema negociado y en todo caso pendiente de detalles técnicos», aseveración que siguen negando en el PSOE. Así lo expresó horas antes la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, que afeó a Díaz que celebrara un acto público para presentar su dictamen jurídico sobre la amnistía. «Hay que hablar en la mesa de negociación, porque es donde tenemos que llegar a acuerdos. No me parece que la mejor manera de contribuir a la negociación sea un acto público», señaló en rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo no entender «a qué viene» que Sumar anuncie su propia propuesta para borrar los delitos de los encausados por el proceso independentista catalán dado que esto deberían resolverlo Junts y ERC con Sánchez. «Son ganas de ser el perejil en todas las salsas», comentó irónicamente. El representante de los nacionalistas vascos admitió también no tener «mucho interés» en la propuesta de Díaz.

Más amable con el documento se mostró el exconseller Toni Comín, que se encuentra huido en Bélgica junto a Carles Puigdemont desde 2017. Interlocutor de Junts con Sumar en las conversaciones para la investidura, valoró el papel del partido de Díaz en la negociación. «Ayuda, ya que abre el camino que el PSOE acabará transitando», dijo en Catalunya Ràdio.

Entre los 237 asistentes que llenaron el Ateneo barcelonés, se encontraba un potencial beneficiado por la medida de gracia, el consejero de Interior durante el 1-O, Joaquím Forn, indultado por el Gobierno de Sánchez en 2021. También estaban entre el público la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la propia Díaz, que no intervino en el acto el acto y se limitó a ser mera espectadora del mismo.

El encargado de desgranar las líneas maestras del documento fue, en cambio, el exdiputado de los comunes Jaume Asens, que el 24 de julio, un día después de las generales, ya recibió el encargo de Díaz para encabezar las negociaciones con Junts y ERC. Este martes defendió la idoneidad de ponerlo de largo, en respuesta a las críticas de los republicanos, «para contribuir al debate público».

Para Asens, «la amnistía no es el olvido político, es el olvido judicial» y, en su opinión, «no plantea problemas de carácter constitucional». Un argumento que se encargaron de reivindicar algunos de los cinco firmantes del dictamen: Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable del grupo; Antoni Llabrés Fuster, de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira Benavent, de la Universitat de València; Guillermo Portilla Contreras, de la Universidad de Jaén; y Rafael Rebollo Vargas, de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Estos enmarcan la amnistía en una «segunda fase de la política despenalizadora» del 'procés' tras los indultos concedidos en 2021 a los líderes políticos condenados por el mismo y justifican su adopción por «la desproporcionalidad de algunas decisiones judiciales». La medida abarcaría una década: desde enero de 2013, cuando el Parlament aprobó una inicial declaración de soberanía, hasta el 17 de agosto de 2023, fecha en la que se constituyó la actual legislatura.