Podemos no apoya por primera vez una ley del Gobierno que prospera gracias al PP

Después del debate de lija mantenido en la sesión matutina entre Pedro Sánchez y el resto del arco parlamentario, sin distinción de aliados y oposición, a propósito del caso de espionaje con el programa de espionaje Pegasus, vino el estrambote vespertino con la ley audiovisual. Todos los grupos contrarios, con diferentes motivos y grados de intensidad, zurraron al Gobierno con un argumento común: beneficia a las grandes cadenas privadas de televisión -el «duopolio televisivo» de Mediaset y Atresmedia-, y deja a la intemperie de ayudas a los productores independientes.

El caso es que un debate que hace una semana se preveía más o menos pacífico después de que el pasado 19 de mayo se aprobara el dictamen de la ley en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y el PNV, el rechazo de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos y Bildu, se convirtió este jueves de nuevo en un pim, pam, pum contra el Gobierno.

El resultado es que los socialistas ven como se precariza a marchas forzadas su mayoría parlamentaria. En el Gobierno insisten en que el bloque de la investidura no peligra y que aguantará hasta el final de la legislatura, pero quién lo diría visto lo visto este jueves. El enfado del socio menor es evidente y no es un asunto menor que por primera vez en la legislatura Unidas Podemos no respaldara un proyecto de ley del Gobierno. Se abstuvo, y no votó en contra por «lealtad» a la coalición.

El resto de los aliados, salvo el PNV que tenían un pacto previo sobre la norma, enseñaron los dientes y obligaron al PSOE a buscar abrigo en la abstención del PP. No es nuevo. En este mes, los populares han salvado los muebles del Gobierno con su voto contrario a la creación de una comisión investigación sobre el caso Pegasus, promovida por sus aliados, y permitieron la tramitación de la ley de seguridad nacional, rechazada por el bloque de la investidura.

Un cambio de papeles que llevó a los populares a jactarse de que ellos sí son fiables, y al bloque nacionalista y de izquierda a preguntarse quiénes son los aliados. El PP justificó su capotazo no por la bondad de la ley, sino por la obligación de trasponer una directiva comunitaria que debía haberse trasladado a la legislación nacional en 2020.

El meollo de la cuestión estuvo en la definición de productor independiente, un cambio que los socialistas introdujeron a última hora y que en un principio pasó inadvertido. El proyecto establece, gracias a la enmienda del PSOE, que se otorgue esta condición a las productoras que trabajan para las grandes cadenas. Un texto que levantó en armas a la industria independiente, un mundo cercano al PSOE y a la izquierda, que ha bombardeado al Gobierno en las últimas horas con peticiones de rectificación. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, el más interpelado, se lavó las manos: «Solo me hago responsable del texto que llevé al Congreso, que es el que aprobó el Consejo de Ministros» y que no incluía esta definición, dijo este jueves desde Cannes, donde asiste al festival de cine.

El paisaje después de la batalla, que seguirá ahora en el Senado, es una coalición de Gobierno tocada, que ya lo estaba pero que ha sumado una raya más al tigre; un bloque de aliados cada día más alejado; y un PP que se congratula de ser árbitro de la situación. El PSOE no comparte el diagnóstico y confía en una vuelta a su cauce de las aguas ahora turbulentas.

La ley audiovisual es probable que sea una de las más manidas de la legislatura. Fue objeto de una negociación feroz del PSOE con Esquerra y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de este año. Los nacionalistas se empeñaron en incluir el compromiso para que las plataformas de 'streaming' dedicaran un porcentaje de su producción en las lenguas cooficiales. El Gobierno aceptó que un mínimo de 15 millones de euros anuales se destinara a ese fin. Ahora, el caballo de batalla está en la definición de productor independiente.