Sánchez fracasa en el intento de zanjar la crisis por el 'caso Pegasus'

La exposición de Sánchez, de más de una hora de duración, dejó sin respuesta todas las preguntas que permanecían en el aire: las de los independentistas sobre la mayor parte de los casos de espionaje desvelados por Citizen Lab, el grupo de expertos de la Universidad de Toronto, el pasado 18 de abril; y las de los populares, Vox y Cs sobre la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, y la brecha de seguridad detectada por el Centro Criptológico Nacional hecha pública por Moncloa. Una brecha que permitió, según reveló el propio Gobierno, sustraer del móvil del jefe del Ejecutivo más de 2,6 gigas de información.

El presidente no aportó más información que la que ya desveló, antes de ser defenestrada, la jefa de los espías ante la comisión de secretos oficiales constituida 'ex profeso' para la ocasión, después de que el Ejecutivo promoviera un cambio de las reglas del juego para dar cabida en ella a los independentistas. Admitió el espionaje de 18 personas, entre las que se encuentra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y lo situó en el marco de los altercados violentos que se produjeron en torno a la sentencia del procés y de la misión del CNI de «prevenir, detectar y neutralizar» riesgos para la «soberanía e integridad del Estado» y la «estabilidad de su instituciones». Pero volvió a esgrimir que én nunca estuvo al tanto de esas operaciones.

Del resto de casos reportados por el grupo de expertos canadienses, 47 más, alegó que no es posible confirmar su veracidad ni, como ocurre con el asalto a su teléfono, al de la ministra de Defensa y al del ministro del Interior, determinar su autoría; pero sí afirmó que son ajenos a las estructuras del Estado. Es más, garantizó que en España no existen en este momento «cloacas» o un «Estado profundo», como ocurría, insistió, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. «Esas prácticas acabaron», dijo.

Si pretendía tranquilizar a alguien, no lo logró. A unos porque consideran inquietante que el jefe del Ejecutivo desconozca lo que hacen sus servicios de inteligencia. A otros porque dudan de que fuera así y tampoco 'compran' que los usos paralegales de los recursos del Estado estén bajo control. En ese grupo está, precisamente, Esquerra, que ya ha advertido en varias ocasiones al Gobierno de que este caso puede acabar llevándose por delante la legislatura. «No pueden decir ante cualquier escándalo que no pasa nada porque esto es una democracia plena», rebatió Rufián.

La mayor parte de los partidos que conforman el bloque de investidura han solicitado ya dos comisiones de investigación en el Congreso sobre este asunto. Las dos han sido tumbadas por el PSOE gracias al PP, Vox y Cs. «Nos ha pedido un acto de fe y nosotras lo que pedimos -subrayó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua- es algo muy simple: investigar, aclarar y depurar». El Gobierno se ampara en que ya ha habido una investigación interna del CNI y otra del Defensor del Pueblo, cargo que ocupa el exministro socialista Ángel Gabilondo. Pero sus socios se niegan a aceptar que con eso baste.

Tampoco la promesa de reformas legales sirvió para calmar las aguas. El PNV sí mostró una ligera satisfacción, pero más por el hecho de que el Gobierno se hiciera eco de sus propuestas -la reforma de la ley de secretos oficiales la lleva planteando desde 2016 y la del control judicial del CNI la registró la semana pasada- que porque confíe en que el PSOE cumpla sus promesas y las desarrolle. La reforma de la ley que afecta a los documentos clasificados, que data de 1968, ya fue incluida en el plan normativo del Gobierno de 2020 y decayó en el de 2021. En el de 2022 el Ejecutivo volvió a recuperarla y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, prometió hace quince días que estará lista cuando acabe el año.

Sobre la reforma de la ley del CNI, de 2002, Sánchez fue poco concreto y se limitó a esgrimir que hay que adaptarla a la «situación geopolítica actual» y evitarque vaya por detrás de las novedades tecnológicas. Pero también habló de la necesidad de reforzar los controles judiciales, como reclama el PNV, a pesar de presumir de que España posee uno de lo sistemas más garantistas de Europa. A Esquerra ese refuerzo tampoco le parece relevante. Primero, porque lo que cuestiona es que el espionaje a Aragonès estuviera justificado, con o sin autorización del juez y, después, porque pone en duda que el Ejeutivo no estuviera implicado. «¿Por qué promete un mayor control judicial- resumió Rufián sus recelos- cuando el mayor controlador del CNI es usted?»,

Los socios habituales del Gobierno querrían igualmente que se desclasifiquen documentos del CNI al margen de que lo solicite un juez. El Ejecutivo llegó a sopesar hacer públicas las autorizaciones juiciales utilizadas en el espionaje a los independentistas, pero finalmente lo descartó.