Se acabó el sigilo en el Consejo de Ministros

La resolución de Transparencia, fechada el pasado 16 de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico, obliga al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a hacer público un informe que el 26 de marzo de 2010 el entonces titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó al consejo sobre posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Desde que el pasado enero un ciudadano reclamara ese viejo dossier a Interior, el Gobierno se ha venido negando en redondo a entregárselo. En su último escrito, ya dirigido al propio Consejo de Transparencia el pasado abril, Interior insistió en que el artículo 5.3 de la 'Ley 50/1997 del Gobierno' es «claro al imponer el carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros de tal forma que únicamente aquellas que tengan consecuencias jurídicas serán públicas a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado». «Por el contario –continúa el alegato de Interior- los actos que son meramente deliberantes o políticos, no son objeto de tal publicación sin que exista constancia de su contenido, más allá de una mera alusión en el acta de la correspondiente reunión a que ha sido presentado o de los posibles pronunciamientos que se realicen de naturaleza política». Con esta premisa, el Ejecutivo reitera su intención de no dar a conocer ese informe de Rubalcaba e invoca el artículo 14.1.k) de la 'Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno' que permite «limitar el derecho de acceso a la información» si se produce un «perjuicio» en la «confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».

Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tumba este argumento con una premisa: el ciudadano está reclamando al Ejecutivo un «documento formal» no conocer lo que se habló en aquella reunión. Transparencia concluye que hay que diferenciar los «informes orales» de los documentos o informes escritos oficiales que se entreguen en esos encuentros en el Palacio de la Moncloa.

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Así, el CTBG determina que «cuando se trata de un informe oral (aun cuando pueda contar con cierto soporte documental) presentado por el titular de un departamento en una sesión del Consejo de Ministros, por su propia naturaleza, se incardina en el ámbito de la actividad deliberante del órgano, que está excluida del acceso público» según establece la ley de 1997 que garantiza el «carácter secreto de las deliberaciones» de las reuniones de Moncloa.

Sin embargo, el órgano fiscalizador excluye de ese «secreto» cualquier «documento formal» ya sea elaborado por uno o «varios departamentos ministeriales», que se «presente en Consejo de Ministros» con «el fin de contribuir a la conformación de la voluntad del órgano de cara a la adopción de las correspondientes decisiones».

«El acceso al mismo reviste un indudable interés público en la medida en que permite conocer el proceso de toma de decisiones de los poderes públicos en un asunto tan relevante para la ciudadanía como la configuración del Régimen Electoral General», determina el CTBG