Transparencia exige a Marlaska que revele los entresijos del acercamiento de etarras

El órgano de control avala que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que hasta ahora se ha negado en redondo a publicar ningún documento de Instituciones Penitenciarias sobre estos movimientos de reclusos, siga sin desvelar los informes de las juntas de tratamiento y de los especialistas que puedan contener datos personales, incluidos los de salud, de los internos. Sin embargo, la institución fiscalizadora zanja que el Gobierno no puede ocultar a la opinión pública el resto de documentos que no contengan esos detalles más íntimos.

Transparencia ha emitido en los últimos días dos resoluciones, a las que ha tenido acceso este periódico, en las que reprocha a Interior su opacidad en los acercamientos ante sendas peticiones de información por parte de ciudadanos interesados por los mismos. En su primera resolución exige al ministerio que, tal y como le pidió a principio de año un particular a través del Portal de Transparencia, desvele todos «los informes, comunicaciones o cualquier otra documentación remitida al Gobierno vasco en relación a dichos traslados».

Fin de la dispersión de presos. Desde que ETA declaró su final hace 11 años, la situación de los presos ha dado un vuelco, sobre todo a raíz de los acercamientos a Euskadi decididos por Sánchez desde 2018. Los reclusos también ha ido cumpliendo sus penas, pasando de 559 a menos de 200.

Interior había alegado de forma genérica para negar el acceso a las comunicaciones con el Ejecutivo de Vitoria que cualquier «expediente que justifica la clasificación y traslado de cualquier interno contiene datos personales para cuyo acceso y pública difusión sería necesario contar con el consentimiento de su titular», ya que «se trata de expedientes compuestos por informes de conducta, psicológicos y de carácter terapéutico, con un estatus jurídico de protección similar al de los datos de salud».

El organismo de control entiende, sin embargo, que, «a priori», los hipotéticos documentos que Interior haya intercambiado con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no tienen por qué contener datos confidenciales sobre los reclusos que afecten a su intimidad. Transparencia insta al Ejecutivo central, por tanto, a que publique esos papeles enviados a las autoridades vascas previa «anonimización» si fuera necesario por contener algún documento referencias personales.

La insistencia de Interior de recurrir a la privacidad de los reclusos de ETA como argumento para rechazar las peticiones de Transparencia contrastan con las propias notas oficiales que emite Instituciones Penitenciarias cada vez que hay un traslado. En ellas y además de reflejar el nombre y apellido del recluso acercado, Interior incluye la fecha de ingreso en prisión, el estado del cumplimiento de la condena y, a veces, incluso muestras de su posible arrepentimiento.

El segundo elemento para el que el Consejo de Transparencia exige luz pública es la agenda de Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones Penitenciarias desde junio de 2018, cuando tomó posesión de ese cargo, hasta hoy. El pasado febrero -solo días después de la publicación de un informe de la Guardia Civil que revelaba que Ortiz mantuvo contactos entre 2018 y 2019 con la izquierda abertzale y los colectivos de presos de ETA para tratar el futuro penitenciario de los reclusos terroristas-, un ciudadano pidió a Interior la «agenda completa» del secretario general, incluyendo «la fecha y lugar de la reunión», «nombres de todas las personas participantes por parte de la administración pública y actores externos», «temas y principales puntos tratados», «actas o minutas, si las hubiera» y «documentos entregados».

Interior se negó en redondo a la petición. «Considerando los numerosos datos personales contenidos en la documentación que se solicita, tras la ponderación razonada a la que estamos obligados, se concluye que revelar la totalidad de los datos personales recogidos en la agenda del secretario general de Instituciones Penitenciarias podría causar un perjuicio a los titulares de dichos datos», contestó la Administración.

Sin embargo, Transparencia recuerda a Interior que, según la legislación actual y la interpretación de la misma que viene haciendo el consejo, «las agendas de los responsables públicos, en la medida en que obren en poder de organismos públicos sujetos a la LTAIBG (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), constituyen información pública a los efectos de su artículo 13 y, por lo tanto, son susceptibles de ejercicio del derecho de acceso».

El Consejo de Transparencia, por tanto, exige al Ministerio del Interior dar a conocer los encuentros de Ángel Luis Ortiz durante sus años en el cargo, según los criterios que ya viene marcando el organismo desde 2016. Entre ellos, que sean reuniones en el «ejercicio de las funciones públicas que tiene conferida y en su condición de responsable público».