El secesionismo intenta que la llama que prendió hace 10 años en Arenys no se apague

Hace 10 años, por primera vez, el secesionismo ponía en práctica la colaboración público-privada para impulsar una consulta sobre la independencia, que empezó como una idea en un bar y acabó encendiendo una mecha aún candente.

«No espero un efecto contagio», dijo el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la votación de Arenys, que superó el 40% de participación y deparó, como se esperaba, una victoria aplastante de un 96% para los favorables de la independencia. Zapatero erró en su pronóstico, como le pasó con la crisis económica, y tras la pequeña localidad del Maresme (8.000 habitantes), el movimiento secesionista logró celebrar votaciones similares en más de 500 poblaciones de Cataluña, incluida la capital, Barcelona, donde se pusieron las urnas en 2011 y participaron unas 250.000 personas, cerca del 20% del censo. Mariano Rajoy, por entonces en la oposición, advirtió a Zapatero de la gravedad de lo que podía ocurrir si no actuaba contra el consistorio de Arenys. «Es preocupante que el presidente calle y mire hacia otro lado. No es un tema menor», señaló en 2009. Años después, sería él quien tendría que gestionar la patata caliente del 9-N, en el que hubo una cierta permisividad tácita por parte del Gobierno central, y luego el 1-O, que el Ejecutivo central intentó impedir, pero fracasó.

«No éramos conscientes de lo que vendría luego», reconoció este viernes el entonces alcalde de Arenys de Munt, Carles Mora. Formaba parte de una agrupación independentista local e impulsó la consulta con el apoyo de los partidos soberanistas, a través de una entidad privada, para poder sortear la legalidad. «La autodeterminación no cabe en la Constitución», les avisó la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. Ciudadanos, con Albert Rivera como diputado autonómico, presentó un recurso ante la Delegación del Gobierno para que impidiera lo que ya denominó como un «golpe institucional». La Abogacía del Estado impugnó la consulta y un juzgado de Barcelona anuló el acuerdo del pleno municipal, pues entendió que el ayuntamiento había extralimitado sus competencias. El equipo jurídico de la plataforma secesionista interpretó el auto judicial como una prohibición de que la votación se hiciera en dependencias municipales. La votación siguió adelante pero las urnas no se instalaron en el Ayuntamiento sino en un local privado, el Centro moral de Arenys.

Los días previos al 13-S fueron muy tensos y la expectación fue en aumento, a medida que se sucedían los recursos del Gobierno. Hasta el punto que el día de la votación, se acreditaron más de cien periodistas extranjeros. La presencia de la Falange, que llegó en un autobús protegida por los Mossos, acabó de caldear el ambiente.