La Fiscalía pide una condena de 20 meses de inhabilitación para Torra

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrir juicio oral, lo que sentaría a Torra en el banquillo de los acusados. Según la Fiscalía, a pesar de la «claridad» de la orden que emitió la Junta Electoral el 11 de marzo que requería a que en el plazo de 48 horas se retirara de inmediato 'estelades' y lazos amarillos de los edificios de la Generalitat, Torra «decidió desatenderla», aun sabiendo que la resolución era «firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto».

Días después, la Junta Electoral reiteró al presidente de la Generalitat un requerimiento para que en 24 horas ordenara la retirada de la simbología soberanista. El Ministerio Público considera que Torra «desatendió abiertamente dicha orden». Y recuerda, cómo entonces, su portavoz, Elsa Artadi, confirmó ante los medios tras la reunión del Consejo ejecutivo la decisión del presidente de la Generalitat de «no retirar» las pancartas con los lazos amarillos. «Finalmente, el día 21 de marzo, evidenciando su desprecio a acatar la orden, sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo en color blanco», señala la Fiscalía en su escrito de acusación.

Ante la «contumacia» del acusado, la Fiscalía añade que la Junta Electoral adoptó un nuevo acuerdo en el que requería a la Consejería de Interior para que diera instrucciones a los Mossos para que procedieran a retirar de los los edificios públicos 'estelades', lazos amarillos y pancartas a favor de los presos. Fue el 21 de marzo y ese día, sí, el jefe del Ejecutivo ordenó la retirada de la simbología soberanista. La Fiscalía reclama también que Torra sea condenado al pago de una multa de 100 euros diarios durante 10 meses.

La Generalitat, a través de su portavoz, ha reaccionado con ironía al escrito de acusación de la Fiscalía. «Nos extrañaría que no se demandaran estas penas de inhabilitación por el hecho de defender la libertad de expresión», ha apuntado. Se trata de un «sinsentido», ha afirmado Meritxell Budó.