El presidente busca renacer con otro golpe de mano en un escenario endiablado

Como primera consecuencia, los cinco días que Sánchez se ha tomado para «reflexionar» sobre su futuro han opacado la campaña de las elecciones catalanas, que se celebran en 12 de mayo. En un escenario en el que tanto la victoria del candidato del PSC, Salvador Illa –favorito en las encuestas–, como un eventual Gobierno de coalición entre Junts y Esquerra podrían perjudicar los intereses del Ejecutivo en la legislatura a tenor de las réplicas que su resultado pueda tener en la complicada aritmética parlamentaria que existe en el Congreso, y en la que los soberanistas catalanes juegan un papel necesario en la aprobación de las iniciativas legales.Especialmente, después de que el presidente decidiera en marzo prorrogar los Presupuestos de 2023.

Cuestiones como el referéndum, la ley de amnistía o incluso la gestión de Illa durante la pandemia cuando este era ministro de Sanidad –que los partidos independentistas esperaban explotar como arma electoral– se han convertido en asuntos secundarios centrando el presidente del Gobierno toda la atención mediática de la campaña. Una situación que no parece que vaya a cambiar en los próximos días.

Precisamente la medida de gracia, llave de la investidura, era una de las normas que hubiera quedado pendiente de aprobación si Sánchez hubiera decidido dinamitar la legislatura este lunes, con todo lo que eso hubiera supuesto para Esquerra, y Junts.

Actualmente la proposición de ley está pendiente del previsible rechazo del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero ese veto a la medida en la Cámara alta no tendrá efectos prácticos, más allá de retrasar su publicación en el BOE, pues la proposición regresará a continuación al Congreso, donde volverá a debatirse y votarse en el pleno. Algo que sucederá, si todo sigue según lo previsto, a mediados o a finales de mayo.

De ella depende también el futuro judicial del candidato de Junts, Carles Puigdemont, uno de los principales beneficiados de la amnistía y que ya contaba con regresar a España casi siete años después de su huida al extranjero cuando se produzca la investidura del candidato presidente de la Generalitat.

Con un Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) con el mandato caducado desde hace cinco años, Sánchez también ha encontrado en esta maniobra un renovado argumento, el de la supuesta persecución judicial hacia su persona y la de su familia, para reformar el órgano de gobierno de los jueces de forma unilateral, y no con el consenso del PP, como quería Bruselas.

El presidente aún no ha abierto la puerta a ninguna de las iniciativas con las que se había especulado, como la de someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, y ni siquiera ha explicado cuál es su hoja de ruta a partir de ahora.Todo pese a que sus socios, como Sumar o Esquerra, ya están pidiéndole reformar el sistema de elección del CGPJ y derogar otras normas como la llamada ley mordaza. En paralelo, discurre el proceso judicial en el que el PSOEtrata de no verse afectado, el de la supuesta trama que afecta de lleno a Koldo García, que fuera principal asesor de Jose Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del partido.

Con su decisión, Sánchez se enfrenta también a un encaje de bolillos para digerir las exigencias económicas que le llegan tanto desde dentro –sus socios nacionalistas– como desde fuera –la UE–. La última advertencia se la lanzó ERC, con sus amenazas de que si Cataluña no tiene una financiación a la carta (similar al País Vasco), harán caer al Gobierno.

Hace dos semanas, además, Bruselas publicaba un informe sobre el impacto del envejecimiento en el que apuntaba que España deberá llevar a cabo un ajuste del 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual en las pensiones entre 2026 y 2030, lo que supone unos 11.700 millones de euros al año.