Sánchez viajará a Mauritania, Gambia y Senegal para atajar la crisis migratoria

Según los datos del Ministerio del Interior, España ha registrado la llegada de 31.155 migrantes irregulares a España en lo que va de año. Supone un crecimiento del 66,2% respecto a las que se sucedieron un año antes, en el mismo periodo de tiempo (18.745). La mayor parte de las llegadas se han hecho a través de rutas marítimas. En total han sido 29.512 personas las que decidieron subirse a una patera y emprender trayectos de varios días en el agua. Frente a ello, solo 1.643 lo hicieron hacia Ceuta y Melilla, los únicos territorios a los que se pueden llegar a pie.

Mauritania, Gambia y Senegal son países que gozan de estabilidad política en el noroeste africano y que cumplen los requisitos democráticos que exige la Unión Europea para otorgar ayudas económicas con el fin de mejorar la situación de vida de sus ciudadanos y evitar así que la pobreza y el hambre les obligue a embarcarse en cayucos que navegan a merced del mar. El pasado 6 de agosto unos pescadores hallaron frente a las costas de Santo Domingo una embarcación con catorce esqueletos de senegaleses y mauritanos que intentaron llegar en el cayuco a las Islas Canarias.

La otra opción de llegada a España y Europa supone cruzar el desierto del Sáhara, un cementerio en el que han perecido decenas de miles de personas a lo largo de la última década. Según un informe publicado el pasado julio por ACNUR , la Agencia de la ONU para los Refugiados, los peligros a los que se enfrentan los migrantes en el desierto son las palizas, el secuestro para pedir rescate, la extorsión, la violación, el robo, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la detención y, de culminar el trayecto, la expulsión.

El objetivo de los gobiernos de España desde el Plan África que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 ha sido el de reducir la inmigración ilegal en sus puntos de origen. En este punto coinciden todas las fuerzas políticas, aunque no lo hacen en la forma de alcanzar este objetivo.

El Ejecutivo de coalición mantiene las tesis de Zapatero sobre donar millones de euros de cooperación a países como Mauritania o Senegal. Siempre y cuando en el país exista un sistema democrático, una situación que no se da por ejemplo en Malí donde gobierna una junta militar y los mercenarios rusos de la compañía Wagner se desenvuelven a sus anchas.

Vox defiende desplegar a la Armada frente a las costas de los países africanos. A esta opción planteada por la formación de Santiago Abascal se adhirió el Partido Popular el pasado julio. «El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellos, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país», señaló Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.

Ayer, Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo reclamó al presidente del Gobierno que ya que se encuentra de vacaciones en Lanzarote, se reúna con el jefe del Ejecutivo canario, Fernado Clavijo, para abordar la presión migratoria sobre el archipiélago. «Le decimos a Sánchez, que está tumbado en la hamaca en Lanzarote, que entre hamaca y mercadillo haga un hueco para recibir al presidente de Canarias», criticó Alós. «Por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar y estoy a disposición. Me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos», añadió Clavijo, dirigente de Coalición Canaria y quien gobierna el archipiélago en coalición con el PP.

Una de las mayores prioridades es la de atender las continuas llegadas de menores inmigrantes no acompañados. Canarias acoge a 6.000 cuando solo cuenta con plazas para acoger a 3.000. Ceuta y Melilla también se encuentran con su capacidad superada. El Gobierno propuso en julio una reforma de la ley de Extranjería para que en caso de que una comunidad autónoma sobre pase un 150% sus plazas para atender a estos jóvenes y niños, en el resto de las regiones estuviesen obligadas a recibirlos. Tras días de negociaciones el PP votó finalmente en contra en el Congreso junto a Vox y Junts.

El PP sí aceptó en cambio el reparto entre las comunidades de 400 menores no acompañados llegados a Canarias, una decisión que llevó a Vox a romper sus pactos autonómicos de gobierno en Comunidad Valenciana, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón y Extremadura.