Sánchez y Urkullu muestran a Torra el camino y pactan un diálogo sobre presos y transferencias

Sánchez está dispuesto a hacer ambas cosas. Ni siquiera cierra la puerta, al menos inicialmente, a estudiar traspasos tan sensibles como el de las prisiones o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tradicionalmente anatema tanto para el PP como para el PSOE. En su ánimo está, tal y como trasladaron fuentes oficiales, lanzar un mensaje de voluntad de diálogo no sólo al País Vasco sino a todas la comunidades. También, fundamentalmente, a Cataluña. «Hay una intención antiinflamatoria», adujeron este lunes desde Moncloa.

El encuentro con Urkullu -que es, por protocolo, el primero en la ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos- tenía que marcar la pauta. El siguiente en la lista, el próximo 9 de julio (es decir, en quince días) será el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es impensable que su actitud se compadezca con la del 'lehendakari', que habló de establecer una relación de «confianza y lealtad», rechazó explícitamente la «ruptura» y apostó por un «constitucionalismo útil». Pero el Gobierno quería escenificar con él que hay una vía de entendimiento posible y extrapolable.

En el corto plazo, Urkullu se garantizó este lunes dos gestos concretos. Quizá el más relevante es la retirada del recurso de inconstitucionalidad que Mariano Rajoy presentó contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales, aprobada en 2016 por el PNV y el PSE con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del PP. La norma buscaba reconocer e indemnizar a quienes entre 1978 y 1999 sufrieron violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sus familiares. En concreto, el Tribunal Constitucional mantiene suspendidos los preceptos que atribuían a una comisión extrajudicial la potestad de valorar quién adquiere la condición de víctima y los artículos que regulan la concesión de ayudas.

Según avanzó el 'lehendakari', habrá un próximo encuentro de los servicios jurídicos de ambos gobiernos para el «desestimiento» de este y otros recursos. Además, en julio se reunirá ya la Comisión Mixta de Transferencias para materializar el traspaso de la gestión de dos vías ferroviarias. Este segundo gesto es en realidad obligado porque fue el Constitucional el que el pasado mayo determinó que se trataba de una competencia autonómica.

El resto de asuntos tendrá que esperar. El propio Urkullu reconoció que ni siquiera se habían fijado calendarios de actuación ni para los traspasos de competencias pendientes ni para la «reorientación» de la política penitenciaria una vez disuelta ETA. Incluso aseguró que entiende la «cautela» esgrimida por Sánchez en relación al necesario respeto a las víctimas del terrorismo. Paradójicamente, el comunicado remitido desde la Moncloa tras el encuentro ni siquiera hace mención a este asunto, aunque el propio jefe del Ejecutivo ha admitido recientemente que el cambio de circunstancias requiere un cambio de políticas. Exactamente lo mismo que dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá hace unas semanas sobre el acercamiento de los presos del 'procès' a Cataluña una vez concluya la instrucción del juez.

El jefe del ejecutivo autonómico fue además muy prudente en lo que se refiere a la espinosa transferencia de los servicios de la Seguridad Social, vista con muy malos ojos por los veteranos del PSOE. No sólo dejó claro que en ningún caso se rompería el principio de caja única sino que admitió que, antes de dar pasos concretos, hay que darse «un tiempo» y abrir una «reflexión» tanto en el Pacto de Toledo como entre Gobiernos.