Sánchez y Urkullu acuerdan crear una comisión para traspasar competencias

La reunión entre ambos mandatarios ha sido la primera de la obligada ronda de contactos con los presidentes autonómicos que Sánchez abre tras tomar posesión como jefe del Ejecutivo. El líder del recién constituido Gabinete socialista ha recibido a Urkullu en un momento en el que, con la Generalitat decidida a mantener la confrontación con el Estado, Sánchez necesita escenificar acuerdos con los nacionalistas. O, al menos, con los nacionalistas de talante pactista, moderado e institucional como Urkullu. Especialmente porque la esperada fotografía se produce dos semanas antes de la que Sánchez se tomará el 9 de julio con Quim Torra, que acaba de anunciar la ruptura de relaciones de la Generalitat con la Casa Real y que, a buen seguro, se presentará en La Moncloa con una tabla de reivindicaciones imposible de asumir para el Gobierno del PSOE.

Las dos partes ya habían mostrado su esperanza en que el encuentro de este mediodía sirviera para alcanzar «compromisos» concretos. Acuerdos tangibles que permitan escenificar algo más que la mera cordialidad y la buena sintonía en las que a veces se diluyen este tipo de reuniones. El presidente del Gobierno confía, de hecho, en que su cita con Urkullu «marque el tono» de su relación con las llamadas nacionalidades históricas y con el resto de las comunidades autónomas, que en la Presidencia del Gobierno espera que esté presidida por la «estabilidad» y la «normalidad democrática».

En definitiva, los dos interlocutores necesitaban que la reunión «saliera bien». Sánchez para demostrar que su disposición al diálogo territorial no es una simple pose, sino que puede dar frutos si la voluntad de alcanzar acuerdos es recíproca y dentro de la ley. Máxime cuando el sector más radical del independentismo catalán -en el que se encuadran Torra y Puigdemont- insiste en tensar la cuerda con Madrid mientras Esquerra y el PDeCAT intentan volver al posibilismo.

Y Urkullu, que ha comparecido en Moncloa, porque el PNV ha empeñado su crédito político en la 'operación Sánchez' y necesita demostrar que ha acertado al descabalgar al PP, además de lograr que la legislatura dure y evitar así unas generales anticipadas que ensombrezcan sus expectativas en las municipales y forales de la próxima primavera. Ajuria Enea y Sabin Etxea confían en que Sánchez se atreva a explorar el terreno en el que Rajoy, cómodo en los acuerdos presupuestarios a cambio de contrapartidas económicas, nunca quiso meterse.

Un terreno que se traduce en completar el Estatuto y acercar a los presos de ETA a cárceles vascas. En la primera cuestión, es muy significativo que los responsables del asunto en ambas Administraciones -el consejero Josu Erkoreka y la ministra Meritxell Batet- se reunieran ya el viernes para allanar el camino y comprometerse a pacificar la relación entre Madrid y Vitoria.

Una cita que el consejero de Autogobierno solicitó a Soraya Sáenz de Santamaría durante meses y jamás llegó a producirse. Urkullu ya avanzó ese mismo día en sede parlamentaria que esperaba que en el encuentro de hoy pudiera acordarse un calendario de trabajo para negociar las transferencias pendientes, 37 según el informe del Gobierno vasco que examinaron en su almuerzo de trabajo Erkoreka y Batet. La guía será el acuerdo alcanzado por el Parlamento vasco en este sentido, que daba seis meses al Gobierno central para desbloquear los traspasos.

Sánchez cuenta con margen de tiempo para arrancar las conversaciones, aunque en Lehendakaritza esperan que de la cita salgan compromisos concretos y fechas para ir avanzando el ingente trabajo técnico que, exigirá, por ejemplo, transferir a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Esa materia, altamente simbólica pese a que solo se traspasarían los medios materiales y el personal, y la de Prisiones, que Cataluña ya gestiona desde hace años, recaerían en el departamento de la consejera socialista María Jesús San José.