Sánchez tira de gasto para afrontar la crisis en año electoral con revuelta de Podemos

La paz quedó dinamitada con un inesperado mensaje en Twitter del portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, quien acusó al PSOE poco menos que de haber engañado a sus aliados con un asunto que parecía encarrilado gracias a una fórmula técnica. Echenique aseguró que si los suyos no se van del Gobierno es por el temor a que la derecha se haga con el poder. La indignación de los morados, que reventaron horas después de que las líneas maestras del proyecto presupuestario fueran desveladas -también el aumento del gasto militar comprometido por Sánchez ante la OTAN-, culminaba una larga jornada tras otra ardua negociación que había acabado de madrugada. La liturgia del acuerdo 'in extremis' entre ambos socios quedó sellada antes del Consejo de Ministros por la fotografía del presidente con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la Moncloa.

En sus manos tenían ya el instrumento con el que el PSOE y Unidas Podemos intentarán navegar no solo económica, sino también políticamente, la crisis inflacionista que angustia al país. A la espera del efecto que induzca en el escenario la revuelta de los morados contra el gasto militar, al proyecto le queda aún una tramitación parlamentaria de tres meses. Pero pese a las previsibles tensiones también en torno a asuntos pendientes como la Ley de Vivienda, en este momento nadie contempla la posibilidad de que no sea apoyado por los aliados habituales de Sánchez, que ya respaldaron las Cuentas de 2021y 2022.

Al menos no lo hacen los socialistas, a cuyos ojos el texto aprobado este martes abre un escenario de estabilidad que apuntala la intención de Sánchez de agotar el mandato y no celebrar las generales hasta diciembre del año próximo, casi siete meses después de las autonómicas y municipales de mayo. En la comparecencia posterior al Consejo junto a Montero y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se jactó de que el Gobierno haya logrado presentar sus terceros Presupuestos frente «a los agoreros y a los del cuanto peor mejor que decían que no seríamos capaces de aprobar ni unas solas cuentas», en alusión a la oposición.

Sánchez pretende aprovechar de inmediato el impulso que pueda proporcionarle este logro en su confrontación con Feijóo. De hecho, ya ha solicitado su comparecencia tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene escaño el líder del PP, para informar sobre el contenido del Consejo Europeo que tendrá lugar este viernes y para defender las medidas económicas y sociales acordadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Previsiblemente, los debates se celebrarán los días 13 y 18 de este mes.

El propósito del presidente es claro: confrontar con los populares como hizo este martes mismo Montero y como vienen haciendo ambos a cuenta de la política fiscal ya contemplada en las próximas Cuentas, impuesto a las grandes fortunas incluido. La ministra alegó que sus Presupuestos son la prueba de que la «justicia social» que propugna el Ejecutivo es, además, la mejor manera de garantizar la «eficiencia económica». Y, como ejemplo, argumentó que a pesar de que subirá las pensiones conforme a un IPC disparado, por primera vez en 13 años el Gobierno podrá realizar una aportación de casi 3.000 millones al fondo de reserva de la Seguridad Social. Y también sacó pecho por el aumento del gasto sanitario en un 6,7% o del 152% en Dependencia.

Antes de su airada reacción por la supuesta ocultación del repunte en Defensa, Unidas Podemos había conseguido colgarse medallas que considera importantes. La vicepresidenta Díaz se felicitó en Twitter de haber recuperado el 60% de la base reguladora a partir del séptimo mes en la prestación en materia de desempleo o el aumento en un 15% del IPREM (el indicador público de renta para la concesión de algunas ayudas). Y junto a ello puso en valor el compromiso de tramitar «urgentemente» la Ley de Familias que defiende el Ministerio de Derechos Sociales que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

En todo caso y visto lo que ha vuelto a ocurrir, Sánchez no tiene garantía alguna de que el ruido interno que tanto desgasta al Gobierno vaya a disminuir en los meses que quedan por delante. Los morados se habían resignado ya a dejar fuera de la negociación la 'ley mordaza' y la Ley de Vivienda, atascadas desde hace meses en el Congreso. Y todo apuntaba, hasta el tuit de Echenique, que habían claudicado también con un gasto en Defensa que crece un 8,4% si no se tiene en cuenta el gasto financiero (excluido del techo de gasto), pero que trepa hasta un 25'8% si se contemplan las partidas incorporadas en el plan de modernización (contratos con compañías como Navantia, Indra o Airbus de carácter plurianual).

Sánchez no solo tendrá que apaciguar a sus socios, sino que encara ahora una ardua negociación con sus aliados parlamentarios. ERC advirtió este martes de que es «empezar mal» que Ley de Vivienda no esté vinculada directa o indirectamente a los Presupuestos y aseguró que no aceptará presiones. El PNV, que rumia descontento por los incumplimientos en materia estatutaria y por el plan fiscal del Gobierno, le reclama «máxima disposición» para pactar. Y EH Bildu valoró el aliento social del proyecto presupuestario, pero avisó de que será «muy exigente».