Los Presupuestos extienden la gratuidad de Cercanías y Media Distancia a todo 2023

Entre las medidas estrella Montero ha anunciado que el Ejecutivo extenderá la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia -actualmente en vigor hasta el 31 de diciembre- durante todo el año 2023. Los Presupuestos destinarán casi 700 millones de euros a Renfe para llevar a cabo esta medida que la ministra reconoció que será «estructural» y que servirá para medir cómo funciona el mayor uso del transporte público a nivel medioambiental.

Desde que se puso en marcha la medida, Renfe ha expedido 1,5 millones de abonos gratuitos, de los que más del 70% corresponde a abonos para viajar en los distintos núcleos de Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho Métrico, mientras que el 28,3% restante son abonos de Media Distancia. Renfe también ha comercializado unos 30.000 títulos con descuentos del 50% para Avant.

El resto de medidas incuidas en el real decreto del plan anticrisis (bonificación del combustible con hasta 20 céntimos por litro, entre otras) no forman parte de los Presupuestos y se tendrá que analizar en el mes de noviembre si es necesario extenderlas a partir de enero, según ha confirmado Montero.

La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha presentado las líneas generales de un presupuesto que viene marcado por el menor crecimiento económico del país (un 2,1%, lo que implica que bajará en seis décimas la de 2023 , frente al 4,4% de este ejercicio). A pesar de esta tendencia a la baja, el mantenimiento del mercado laboral (el empleo puede crecer hasta los 21 millones de ocupados a lo largo del próximo año), así como unos ingresos fiscales que seguirán fuertes, gracias a la elevada inflación y al dinamismo de la economía, permiten al Ejecutivo estimar un crecimiento del Presupuesto que, al mismo tiempo, podrá reducir el déficit hasta el 3,9% el próximo año.

Una de las cuestiones que más controversia había provocado en la negociación entre los socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), la de Defensa, está relacionada con el presupuesto de este departamento tras el compromiso adquirido por el presidente, Pedro Sánchez, ante sus socios de la OTAN en junio, una idea rechazada por los morados. En principio, la asignación a Defensa crecerá un 6,5%, un alza que, según Montero, «se encuentra muy por debajo de otros ministerios con marcado carácter social». Esta partida irá fundamentalmente destinada al salario de los militares. Sin embargo, el Gobierno se guarda la posibilidad de destinar otros 4.900 millones de euros durante el próximo año a través de los programas especiales de modernización, que no computan en el límite de gasto del Estado. Se trata de contratos para la industria nacional «que permitirán crear unos 23.000 empleos de forma directa o indirecta», según ha apuntado la ministra de Hacienda. De esta forma, si continúa la actual senda hasta llegar al bienio 2027 y 2029, se cumpliría el objetivo comprometido.

La línea común que recorre todos los presupuestos ministeriales es el incremento de sus partidas y, en muchos casos, alcanzando cuantías récord.

Sanidad

Crecerá un 6,7%, con una partida específica para Primaria, con un plan de 500 millones en infraestructuras. Además, en Dependencia, el Gobierno la refuerza con 620 millones más, un aumento del 152% en esta legislatura, hasta alcanzar un nivel récord.

Vivienda

El Gobierno aumentará un 5,4% el presupuesto destinado a Vivienda, consolidando el Bono Joven de Alquiler, así como un nuevo plan de alquiler asequible dotado con 260 millones de euros para el próximo año.

Educación e I+D

En Educación, habrá una partida récord para becas con 400 millones. El gasto educativo en su conjunto aumenta un 6,6% hasta los 5.354 millones. En el caso de Investigación y Desarrollo, el proyecto de cuentas públicas incluye los 16.328 millones de inversión en I+D+i, lo que implica un 23% más.

Fondos y financiación autonómica

Además, tres de cada cuatro euros del Plan de Recuperación, recogidos en los presupuestos generales del Estado se destinarán a impulsar un cambio del modelo productivo. Son 30.000 millones de los fondos europeos.

Por otra parte, habrá recursos récord para autonomías y ayuntamientos Los de las comunidades se incrementan un 24% con respecto al 2022, al alcanzar los 135.274 millones. Las entidades locales recibirán 23.235 millones, un 5% más.

Poco antes de la rueda de prensa de las ministras Montero y Calviño para presentar las cuentas públicas de 2023, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba a conocer en las redes sociales otras medidas que se incluirían en el proyecto, que llegará a las Cortes en los próximos días. Son éstas:

Desempleo

Las cuentas introducen una mejora en la prestación por desempleo, que volverá a ser del 60% sobre la base reguladora del salario a partir del séptimo mes. Esta medida, que supondrá unos 100 euros de media por persona, beneficiará a 300.000 desempleados. Supone recuperar el porcentaje perdido en 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo rebajó al 50%.

Familias

Los Presupuestos incluirán una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con niños de 0 a 3 años. Es una paga que hasta ahora cobraban las madres trabajadoras y que ahora se amplía a todas las familias.

También se asimilarán las familias monoparentales con 2 hijos a la categoría de familias numerosas.

Además, el Gobierno se compromete a tramitar una Ley de Familias que incluirá nuevos permisos de conciliación. Díaz esbozó que habrá permisos para cuidadores, permisos para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas, pero no se concretó aún en qué consistirán estas medidas.

Ingreso Mínimo Vital

Asimismo, la vicepresidenta Díaz adelantó que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) incluirá una subida con la inflación al igual que las pensiones. El IPREM se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023, del 3,6%, muy inferior por tanto a la tasa de inflación a la que se ligarán las pensiones y el IMV.

Impuestos

El paquete fiscal se presentó el pasado jueves. Se incluye una subida de impuestos a las rentas altas, un nuevo impuesto a las grandes fortunas, una reducción de las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades y una rebaja del IRPF a las rentas por debajo de 21.000 euros anuales.