Sánchez se arriesga al choque institucional al designar para el TC al exministro Campo

El exjefe de Díez y excompañero de Campo, el ministro Félix Bolaños, desdeñó este martes los recelos que incluso entre miembros del sector progresista de la judicatura despierta la elección de perfiles tan marcados. Argumentó que el Constitucional no es un órgano jurisdiccional, que las instituciones que deciden su composición son políticas y que en este caso no tiene ningún sentido decir que la independencia judicial puede verse comprometida. Es más, en contra de lo afirmado por el primer partido de la oposición, aseguró que el fallido pacto que durante tres semanas estuvo negociando con el popular Esteban González Pons, y por el que ambas partes se comprometían a poner fin a las 'puertas giratorias' entre el Gobierno y la justicia, no habría sido obstáculo para su maniobra.

El paso dado por Sánchez - que ya estrenó la legislatura con una controversia similar, al situar al frente de la Fiscalía General del Estado a su también exministra de Justicia Dolores Delgado- implica 'de facto' un triple órdago. Por un lado, al propio Constitucional, que ahora debe decidir si valida en un pleno la idoneidad de Campo y Díez para el cargo a pesar de que el CGPJ no haya hecho sus nombramientos; por otro, al órgano de gobierno de los jueces o, para ser más exactos, a los ocho vocales conservadores que llevan semanas postergando la designación de sus magistrados, porque los progresistas sí han propuesto formalmente al magistrado del Supremo José Manuel Bandrés; y, por último, al PP.

Bolaños lanzó desde la Moncloa un mensaje firme a los máximos intérpretes de la Carta Magna y tras argumentar que sus dos nombramientos cumplen los requisitos exigidos en la Constitución (« son españoles y son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional») advirtió: «Lo que dice la ley es que el pleno del Constitucional verifica que se cumplen los requisitos. A eso se tiene que limitar». «Desde el Gobierno no tenemos duda de que debe validarlos y de que Juan Carlos Campo y Laura Díaz serán magistrados en breve», remachó.

En el tribunal de garantías hay ahora división de opiniones. En junio, cuando estaba a punto de vencer el mandato del presidente de la institución, Pedro García-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares (todos conservadores salvo Xiol), el Gobierno ya se planteó hacer sus nombramientos sin contar con el CGPJ, que al no haber sido renovado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, no podía hacer su parte. Pero desde el TC se le advirtió de que no validaría su elección. Las cosas han cambiado.

Los socialistas impulsaron este verano en el Congreso una reforma legal por la vía de urgencia para devolver al CGPJ en funciones parte de las facultades que un año antes se le habían arrebatado en un intento frustrado de empujar al PP al desbloqueo. Esa reforma, aprobada en el mes de julio, habilitó al actual Consejo, que lleva cuatro años con el mandato caducado, a nombrar a sus magistrados en el Constitucional. Y le dio de plazo hasta el 13 de septiembre, un límite ampliamente rebasado a estas alturas. En las últimas semanas, el Gobierno ya había empezado a recibir señales de que algunos miembros del TC sí consideran ahora que hay razones de peso para aceptar, con la jurisprudencia en la mano, que no siga esperando.

En Moncloa admitían este martes la posibilidad de que, en un primer momento, el TC opte por esperar a ver si el CGPJ presenta sus candidatos tras la reunión prevista para el 22 de diciembre antes de examinar la idoneidad de Campo y Díez. «Eso -aducen con un optimismo que choca con los precedentes inmediatos- meterá presión a los vocales conservadores». Sin embargo, no contemplan que en el medio plazo se vaya a impedir a sus elegidos tomar posesión de sus cargos; lo que ya bastaría para que la mayoría del Constitucional - que tiene pendientes recursos de leyes como la del aborto, la eutanasia, la 'ley Celáa' e incluso la que maniató al CPGJ en funciones- pase de conservadora a progresista.

El problema para el Gobierno, si sus vaticinios se cumplen, será la inconveniencia de que Campo y Díez se pronuncien sobre normas en cuya elaboración han participado. Este martes, sin embargo, fuentes gubernamentales restaban importancia a ese detalle.