Laura Díez Bueso, otra ex alto cargo de Sánchez para el Constitucional

De esta manera, Díez Bueso fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde febrero del año 2020, cuando la nombró la exvicepresidenta y exministra de Presidencia Carmen Calvo, y hasta el pasado 26 de abril, por lo que ha prestado sus servicios también para el ministro Félix Bolaños, quien sucedió a Calvo en julio de 2021 al frente de esa cartera. Previamente, había desempeñado el cargo de directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, bajo el mismo departamento de Presidencia, entre 2018 y 2020, cuando José Antonio Montilla ocupó ese puesto.

La propuesta como futura magistrada del Tribunal Constitucional abandonó el Ministerio de la Presidencia para desempeñar a continuación la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, cuyo nombramiento tiene fecha del 25 de mayo. Este organismo se encarga de analizar si las leyes que se aprueban respetan tanto la Constitución como el Estatuto catalán.

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También había sido destacable su paso previo por el Gobierno catalán, para el que había ejercido entre 2002 y 2004 de asesora para la reforma del Estatuto de esa comunidad autónoma. Tras ese puesto y hasta 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, un organismo asimilable al Defensor del Pueblo español, que tiene la función de atender las quejas de los ciudadanos sobre la actuación de la administración y que vela por el buen funcionamiento de las instituciones catalanas, tanto la autonómica como las locales. Al Síndic lo elige el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña y es políticamente independiente.

Díez Bueso tiene una amplia carrera académica: es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de la misma Universidad desde 2020. En el ámbito universitario, ha investigado sobre los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la información, así como los sistemas universitarios y de investigación.