Sánchez pide «una década» para la coalición tras hacer un ajuste mínimo en el Gobierno

Para sustituir a las dos ministras llegan el exportavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, rehabilitado políticamente después de haber sido relevado por Patxi López cuando apenas llevaba año y medio en el puesto, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones. Dos hombres para reemplazar a dos mujeres. No parece lo más ajustado al discurso feminista, pero cumple con la futura ley de paridad («ningún sexo tendrá una presencia inferior al 40% en el Consejo de Ministros»). Hasta ahora la balanza estaba decantada hacia el flanco femenino con 14 ministras frente a ocho ministros, más Sánchez.

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Gómez ocupará la cartera de Industria. La de Sanidad va a manos de Miñones, al que ya se sitúa como posible apuesta de futuro para una comunidad autónoma -Galicia- en la que el PSOE no ha logrado levantar cabeza desde que Alberto Núñez Feijóo le arrebató en 2009 la presidencia. Ambos jurarán o prometerán sus cargos mañana a las 9:00 horas ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela y participarán después en su primer Consejo de Ministros.

Sánchez-que anunció sus nombramientos en la Moncloa recién aterrizado de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo y justo antes de desplazarse a Castellón para visitar la zona afectada por el primer gran incendio del año- alegó que se trata de dos cargos que conocen «muy bien» los ámbitos en los que ahora deberán desempeñarse. Gómez porque ya formó parte del equipo de Maroto como director general de Turespaña y Miñones por su formación: es licenciado en Farmacia y doctor 'cum laude' por la Universidad de Santiago de Compostela.

Lo cierto es que sus perfiles tienen poco que ver con lo que internamente se venía rumoreando. En el PSOE se apuntaba más bien a promociones de personas con bagaje técnico y ya en el Ejecutivo, pero en segundos o terceros niveles. Uno de los motivos por los que apenas nadie apostaba por algo más que una crisis de Gobierno «quirúrgica» era, de hecho, que la presidencia de turno de la UE, que España asumirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, requerirá de personas rodadas en el cargo y reconocibles para sus interlocutores.

El otro gran argumento para justificar ajustes mínimos era y es político. El jefe del Ejecutivo quería lanzar un mensaje de estabilidad, a escasas semanas del 28-M, en un momento en el que las tensiones en la coalición con Unidas Podemos se han agravado. Sánchez está empeñado en transmitir que, pese a estruendos como el de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', la alianza con sus socios es plenamente operativa. Por eso nadie contemplaba tampoco que fuera a tocar los ministerios bajo responsabilidad de los morados y singularmente el de Igualdad de Irene Montero.

Los socialistas son conscientes de que, dada la dispersión del voto, su única posibilidad de mantenerse en el Gobierno pasa por reeditar su actual alianza si el bloque de la derecha no suma. La declaración de Sánchez fue nítida. No solo constató que este es el Gobierno con el que ha afrontado los avatares de una procelosa legislatura y que recorrerá con él el tramo final. Defendió su continuidad, después de argumentar que el Ejecutivo «ha puesto fin a la involución» del PP y de subrayar que, ruido al margen, ha sabido «tejer acuerdos« para aprobar 200 leyes, tres Presupuestos y sendas reformas del mercado de trabajo y el sistema de pensiones sin perturbar la paz social.

No es habitual que los jefes del Gobierno se explayen en explicar o contextualizar sus remodelaciones. Sus intervenciones en estos casos suelen ser escuetas, pero el presidente, que lleva meses viendo cómo los populares le rebasan en las encuestas, utilizó el foco para lanzar un mensaje político con claros tintes electoralistas. «Necesitamos una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior -reclamó-. Tenemos por delante un largo camino de mejoras sociales, de cambios económicos, de retos ambientales y de avances feministas». Desde la Moncloa, en todo caso, se sigue con atención e inquietud -y confiando en que haya acuerdo final- la pugna entre Yolanda Díaz y Podemos por la fórmula con la que el espacio a la izquierda del PSOE competirá en las elecciones.